Más de 24 millones de pesos que fueron ejercidos en la pasada legislatura local para remodelar cuatro de sus inmuebles, incluido el recinto de Donceles y Allende, no han podido ser fiscalizados por la Contraloría General de la Asamblea Legisaltiva del Distrito Federal (ALDF), debido a que están desaparecidos 49 expedientes relacionados con los procesos de licitación.

Según los resultados de la auditoría administrativa aplicada por ese órgano de control a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 de la ALDF, encabezada entonces por el perredista Víctor Hugo Círigo, varias irregularidades fueron detectadas en la partida presupuestal 3504, en la que se ejercieron 158 millones de pesos para las citadas obras de restauración.

Cita, por ejemplo, que no hay evidencia documental de 56 permisos que debió otorgar el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) para realizar las acciones de remodelación, adecuación y modernización tanto del recinto legislativo como de los inmuebles de la ALDF de Plaza de la Constitución número 7, Juárez 60 y Edificio Edison, considerados patrimonio de la humanidad.

La Contraloría General de la asamblea legislativa detectó también que hubo empresas a las cuales no se les exigió previo depósito de la garantía correspondiente contra defectos o vicios ocultos de las obras que realizaron; además, 21 garantías de cumplimiento de contratos fueron recibidas a pesar de que tenían los datos erróneos, y en caso necesario de hacer efectiva algunas fianzas, no procederían (lo que perjudicaría al erario.

Respecto a los 24 millones de pesos que no han podido ser fiscalizados, la auditoría de la Contraloría General de la ALDF detalla que se solicitó a la Oficialía Mayor entregar los 129 contratos que avalan las obras en los edificios de Gante, Juárez 60, Plaza de la Constitución 7 y el recinto de Donceles y Allende, y que implican un presupuesto total de 158 millones de pesos ejercidos en 2008 y 2009.

Sin embargo –detalla el órgano fiscalizador–, sólo se le entregaron 80, que implican 133 millones de pesos, y faltan 49 expedientes que avalarían la aplicación de 24.4 millones de pesos.