Un ex candidato presidencial, un ex gobernador y una organización que recibe donaciones para apoyar a comunidades indígenas en Chiapas. Las tres partes tienen en común que sus cuentas bancarias fueron canceladas en los últimos años por filiales en México de firmas extranjeras, sin más razón que la sospecha no documentada de que realizan algún tipo de actividad irregular.

La cancelación de cuentas bancarias por una sospecha que el banco no se siente obligado a documentar es una forma de presión a personas e instituciones críticas, dijo a este diario Jorge Carrillo Olea, ex gobernador de Morelos y quien tiene más de una década alejado de las funciones públicas.

Banamex, filial en México del consorcio estadunidense Citigroup, canceló en marzo pasado las cuentas bancarias de Carrillo Olea, quien había sido cliente de esa institución durante 40 años. “Sólo indicaron que ‘por así convenir a sus intereses’. Fue la única explicación”, relata. Carrillo recibió la notificación mediante una carta con logotipo del banco, pero sin firma de ningún directivo.

La Asociación de Bancos de México (ABM) no maneja cifras sobre el número de cuentas canceladas unilateralmente por las instituciones que operan en el país. El organismo que representa los intereses de los banqueros explicó a este diario que cada institución reporta a las autoridades financieras cualquier tipo de operación inusual de sus clientes, así como las que considera que son incluso sospechosas de encubrir algún movimiento de fondos de origen ilícito. Los bancos sólo reportan a las autoridades, pero no comparten entre sí esta información, así que no existen datos a nivel de la industria sobre las cuentas canceladas, indicó la ABM.

Instrumento para hostilizar

El caso de Carrillo Olea no es el único de una persona pública cuya cuenta bancaria fue cancelada sin explicación por un banco.

El 19 de mayo de 2005, BBVA Bancomer, filial en México del grupo español BBVA, canceló las cuentas de Enlace Civil AC, organización no gubernamental que recibe legalmente depósitos y donaciones para las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, al sur del país. La cancelación de cuentas, en las que se habían incluso depositado aportaciones de instancias públicas del País Vasco, provocó protestas en España. La institución no quiso explicar entonces las causas de su decisión, aunque después de las manifestaciones de repudio ofreció reabrir las cuentas y hacer una aportación, lo que fue rechazado por los titulares de los fondos.

En junio de 2007, HSBC, filial en México del grupo inglés Hong Kong Shangai Bank Co, canceló unilateralmente y sin ofrecer mayor explicación una cuenta en la que seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador depositaban fondos para el gobierno legítimo.

Carrillo Olea consideró que su caso no es aislado y exhibe una forma de hostilidad en la que, de ser las cosas como las plantearon los empleados de Banamex cuando dio seguimiento a la cancelación de su cuenta, los bancos se estarían prestando a servir de instrumento para hostilizar a personas críticas o que han criticado algunas políticas públicas.

“Yo sólo recibí una carta, fechada el 25 de marzo pasado, en la que Banamex me indica que ‘ha tomado la determinación de dar por terminado’ el contrato conmigo”, relató. Desde principio de ese mes había intentado pagar con la tarjeta de crédito de ese banco en un restaurante y le fue rechazada. Yo llamé por teléfono al área de atención al cliente, después de una larga espera me atendió una señorita de apellido Pérez. Buscó y no encontró forma de darme respuesta. Me pidió dos semanas para informarme. Pasó el tiempo y nada.

Consultada por este diario, el área de comunicación de Banamex reconoció que el banco mandó la carta a Carrillo Olea. Sin embargo, aseguró que esa carta no debió ser enviada y el banco entrará en contacto con el señor Carrillo Olea para confirmarle que toda la relación con el banco sigue exactamente igual.

Carrillo Olea, quien fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 1989 a 1990 y también subsecretario de Gobernación, comentó que una vez que recibió la carta hizo consultas con personas de dentro del banco, quienes de manera informal le informaron que existía una lista de personas o personajes políticamente expuestos, una lista que está causando mucha inquietud entre empleados medios del banco, y que mi nombre estaba en esa lista.

La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 115, fracción XVII, considera “persona políticamente expuesta a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo, señala el ordenamiento.

La última vez que Carrillo Olea tuvo un cargo público fue el de gobernador de Morelos, en 1998.

Informalmente en el banco me dijeron que esa lista (de personas políticamente expuestas) la hacen aquí por disposición de su casa matriz, lo que es absurdo como argumento. Si fuera cierto, estarían aceptando implícitamente que reciben instrucciones del extranjero para manejar cuentas de mexicanos. Y hay otros bancos extranjeros que también están haciendo lo mismo.

Expuso: tiene que haber un punto de coincidencia en lo que han hecho esos bancos. El punto de coincidencia es una instrucción de gobierno sobre gentes que no somos simpáticas. Es una forma de hostilidad.

Las personas políticamente expuestas forma parte del entramado legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. México es supervisado, como otros 33 países, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), formado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto al cumplimiento de recomendaciones para combatir el blanqueo de fondos de procedencia ilegal.

Lo que ocurre es que la Comisión Bancaria y la Procuraduría General de la República están dando palos de ciego en las acciones de combate al lavado de dinero y se dan casos que demuestran la falta de estrategia, opinó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la organización de deudores El Barzón, al hablar sobre los resultados de estas acciones.

Ramírez Cuéllar se refirió a la estrategia en general y no a un caso en particular.