Zacatecas, Zac., 12 de mayo. El gobierno de Nuevo León negó en un comunicado que sean de su propiedad los 14 automóviles compactos que la Procuraduría General de Justicia del estado decomisó el martes pasado en una bodega y que iban a utilizarse en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, Miguel Alonso Reyes.

El procurador de Zacatecas, Ambrosio Romero Robles, afirmó el martes que se investigaba si el gobierno de Nuevo León, encabezado por el priísta Rodrigo Medina de la Cruz, envió los vehículos para apoyar a Reyes.

Otra línea de investigación señala que los 14 vehículos confiscados –así como 26 que se entregaron a comités de campaña del PRI en Zacatecas– podrían haber sido robados de camiones nodrizas.

En su boletín, la administración de Nuevo León rechaza categóricamente ser propietaria de los vehículos que fueron localizados en esa entidad (Zacatecas) el martes 11 de mayo en un inmueble ubicado en la avenida Cinco Señores de la capital del estado. Además ofreció al gobierno de Amalia García Medina ayuda para, de manera conjunta, revisar si existe reporte de robo de estos vehículos.

Por otra parte, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura, Antonio Mejía Haro, exigió una investigación a fondo y castigo a los culpables.

En entrevista con una radioemisora local, el abanderado perredista respaldó el trabajo de la Procuraduría de Justicia de Zacatecas y rechazó que sea parte de una guerra sucia, como asegura el PRI. Mejía Haro también pidió que saquen las manos los gobernadores de otros estados, que no vengan a enrarecer el ambiente.

Por su parte, David Monreal Ávila, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura, exigió al gobierno de García Medina no meter las manos ni violentar el proceso electoral.

Miguel Alonso Reyes, candidato de la coalición Primero Zacatecas, formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), informó que se ratificó la denuncia por robo de vehículos de propiedad privada y la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación a las garantías individuales y abuso de autoridad, entre otros agravios que sufrió el equipo de campaña, el propio partido y la coalición en su conjunto.

Los acusados, recordó Alonso Reyes, son la gobernadora Amalia García Medina; el procurador estatal, Ambrosio Romero, y el director de Tránsito, Antonio Caldera Martínez.

Miguel Alonso negó que sean robados los 14 automóviles Nissan decomisados por la procuraduría local y detalló que forman parte de jun lote de 40 que se habrían entregado al PRI para labores proselitistas, lo que se demostrará totalmente ante el Ministerio Público.

Aclaró que los automotores procedían de Nuevo León, pero no los envió el gobierno de esa entidad. Fueron rentados, algunos en comodato, por una agencia reconocida de Monterrey.