Madrid, 12 de mayo. El gobierno de Felipe Calderón “está empeñado en bloquear cualquier mención, por mínima que sea, de los feminicidios” durante la cumbre entre la Unión Europea y América Latina (UE-AL), con lo que México se ha situado como el líder de los países que obstruyen una expresión de mínima sintonía en la lucha contra la violencia de género.

Según confirmaron dos fuentes de distinta procedencia a La Jornada, la diplomacia mexicana trabaja para eliminar de la agenda política del encuentro multilateral cualquier alusión a los asesinatos de mujeres y, mucho menos, a la histórica sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el conocido caso del campo algodonero, en la que el Estado mexicano fue condenado por los asesinatos de tres mujeres en Ciudad Juárez.

España, Brasil y prácticamente todos los países del norte de Europa forman el bloque de naciones más interesadas en incluir en la agenda de debate y en la resolución final de la cumbre de los próximos 17 y 18 de mayo el problema de los feminicidios. Los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre este tema, así como la repercusión internacional de los asesinatos en regiones como Ciudad Juárez, o en países como Guatemala y Colombia, han situado la lucha contra la violencia de género como un asunto de alta prioridad.

El gobierno español, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de los principales impulsores de esta iniciativa, que únicamente consiste en alcanzar un mínimo de sintonía para reconocer que hay un problema grave de asesinatos de mujeres en América Latina y que es necesario crear instituciones y políticas públicas fiables que protejan a las víctimas.

Como es habitual en este tipo de cumbres, las distintas delegaciones están precocinando tanto la declaración final como los temas que se incluirán en la agenda de debate, con el fin de acotar al máximo los asuntos a tratar. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que pidió guardar el anonimato, reconoció que “los representantes mexicanos intentan bloquear cualquier tipo de alusión a los feminicidios o la vulneración de los derechos humanos contra las mujeres”. Una estrategia sorprendente, pero que se explica en la sentencia de diciembre pasado el caso del campo algodonero, la primera que responsabilizó a un Estado por este tipo de crímenes y que supone un hito en la historia de la jurisprudencia internacional.

El europarlmentario Raúl Romeva, de la coalición Iniciativa els Verds, y quien fue ponente del Informe de la violencia de género en América Latina en 2007, confirmó la estrategia obstruccionista del gobierno mexicano de cara a la cumbre. Romeva criticó con dureza el estilo del presidente Calderón de maquillar en lugar de solucionar los problemas.

“Si valoramos y comparamos el esfuerzo, la dedicación, los recursos y la energía que ha destinado el gobierno mexicano en esconder, disimular, cambiar, modificar y disipar el impacto mundial que tienen fenómenos como el de Ciudad Juárez. Si todo este esfuerzo lo hubiera dedicado a combatir el problema, posiblemente hoy estaríamos en otra situación. Están más preocupados que se hagan ese tipo de menciones que en combatir realmente el problema.

El europarlamentario añadió: estamos hablando de temas que van a la esencia. Por eso quienes combaten ese tipo de propuestas lo hacen con la voluntad de que no se les señale o acuse. Y este es un enfoque equivocado que impide visibilizar que este es un problema de todos. En el caso de México, la excusa de que hay un problema de narcotráfico que hay que combatir no puede ser válida nunca para no hacer una política efectiva contra la violencia a las mujeres.

Romeva también expresó su preocupación ante el problema de credibilidad que tiene el gobierno de Calderón frente a la comunidad internacional al mantener como procurador general de la República a Arturo Chávez Chávez, alguien que se ha destacado precisamente por ningunear y por obstruir el proceso de investigación de violencia contra las mujeres.

Andrea Medina, abogada de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, denunció en la sede del Parlamento europeo en Madrid que el Estado mexicano persiste en su estrategia de acoso y persecución contra las defensores de las víctimas de la violencia en Ciudad Juárez. No hay claridad de la identidad de las personas que realizan estas prácticas intimidatorias, más aún con la situación de militarización en la que se ha creado una mezcla de inseguridad en la que es muy difícil distinguir a los autores de estas amenazas. Pero sí está claro que no se investiga, ni se da un seguimiento por parte de las autoridades, ni tampoco una protección específica. Tampoco se ha detenido el descrédito y el hostigamiento a través de algunos medios de comunicación a estas defensoras.