Todas las centrales de abasto del país cerrarán sus puertas, como ocurrió este miércoles con la de Torreón, Coahuila, para presionar al gobierno federal y, en particular, al procurador Arturo Chávez para que garantice la seguridad de los comerciantes y sus familias frente a las extorsiones que sufren de la delincuencia organizada, advirtió la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto (Conacca).

La inseguridad nos rebasa y por más que hemos insistido ante las autoridades que haya labores de inteligencia para combatirla, se limitan a mandarnos patrullas para hacer rondines. No ha habido diálogo con las autoridades y es inminente una ola de cierres en varias centrales de abasto, siguiendo el ejemplo de los compañeros de Torreón, aseveró en entrevista Alfredo Neme Martínez, presidente de Conacca.

Si bien aclaró que los paros pueden ser por un día, no descartó que ello genere escasez de alimentos y especulación con los precios en algunas regiones, ya que las 64 centrales afiliadas a Conacca abastecen 70 por ciento de la producción de alimentos en el país.

Pagan extorsiones 75%

El último año, dijo, ha sido particularmente severo para el sector, ya que 75 por ciento de los 90 mil comerciantes de centrales de abasto pagan extorsiones o cuotas de seguridad; 15 por ciento de los negocios cerraron o cambiaron de giro, y los costos del sector se incrementaron 20 por ciento.

Cecilia González, comisionada de seguridad patrimonial y justicia para las centrales de abasto de México y Latinoamérica, dijo que 50 de 200 secuestros cometidos en el país de los que se tiene conocimiento, es decir la cuarta parte, han sido contra comerciantes de centrales de abasto. Además, las cuotas por derecho de piso que cobran a los mayoristas las bandas organizadas para permitirles trabajar y transportar su mercancía oscilan entre mil y 3 mil dólares en los estados fronterizos.

Más que derecho de piso, los comerciantes pagan por el derecho a vivir ellos y sus familiares, y aunque la situación es más grave en las centrales de los estados del norte, se ha generalizado a todo el país, señaló.

“Estamos consternados porque el nivel de sistematización y organización de estas extorsiones abarca ya todo el país. ¿Cómo es posible que (los delincuentes) pidan las cuotas por adelantado para garantizar que un comerciante pueda trasladar su mercancía de una entidad a otra y las autoridades no hagan nada?, cuestionó.