n el delicado tema del fuero de guerra, el Ejército está atrapado en una encrucijada. Por una parte está la costumbre inveterada, que viene desde tiempos de la Colonia y del texto de la Constitución de 1824, y por la otra los compromisos internacionales y la apertura del sistema político. En la actualidad, la reclamación de facto del fuero de guerra se basa en una interpretación equivocada de la Constitución y del Código de Justicia Militar, la estrecha relación con el Ejecutivo, y la privilegiada posición del Ejército en el sistema político. Tampoco debemos olvidar la doble función del secretario de la Defensa como suprema autoridad administrativa y judicial del instituto armado.

Hasta el sexenio actual el Ejército le respondía en forma inmediata al secretario del ramo, y en una instancia más remota al comandante supremo, el Presidente de la República. Hoy, a partir de la declaración de guerra al crimen organizado, el Ejército se fundió en una relación simbiótica con el Ejecutivo; una relación que ha afectado la imagen del instituto armado, incrementado las denuncias de violaciones a los derechos humanos y puesto en la mesa del debate nacional el tema de la definición y alcances del fuero de guerra.

La Constitución no define el fuero de guerra. Sólo determina que nadie puede ser juzgado por tribunales o leyes especiales, pero que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. El claro sentido del artículo 13 constitucional era limitar finalmente el fuero de guerra, que durante la Colonia se extendió a familiares de los militares, para convertirlo en un tema de simple jurisdicción. La realidad ha sido otra.

El Código de Justicia Militar, que interpreta la Constitución de 1917, determina que los delitos típicos contra la disciplina militar sujetos al fuero de guerra son, entre otros, los obvios: traición a la patria, sedición, espionaje, deserción, y los del orden común cometidos por militares en servicio, o con motivo de actos del mismo.

La pregunta lacerante que continúan formulando las organizaciones de derechos humanos, particularmente Human Rights Watch (HRW), es si las violaciones sexuales, la tortura, las desapariciones forzadas y la ejecución ilegal de civiles indefensos, como las ocurridas en los retenes y en los enfrentamientos con el narco, son delitos o faltas contra la disciplina militar. Para el tema de los derechos humanos era más claro el artículo 13 de la Constitución de 1857, que aplicaba el fuero militar solamente para delitos y faltas que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar.

La cuestión es determinar si la participación en la guerra contra el crimen es parte del servicio militar. En este tema existe una clara jurisprudencia de la Suprema Corte que definió en 2005 el término en servicio como la realización de funciones propias e inherentes al cargo que se desempeña. Con este criterio, jamás se considerarían sujetas al fuero de guerra las más de 4 mil quejas de violaciones militares a los derechos humanos presentadas en el sexenio actual. (Lo increíble es que en algunos de estos casos el Ejército, con el fin de no litigar, y de preservar intacta la ficción del fuero de guerra, paga compensaciones a las víctimas, pero según HRW no castiga a los culpables: la ropa sucia se lava en casa.)

Mucho se ha dicho sobre la facultad del Ejecutivo para involucrar al Ejército en la guerra contra el crimen organizado. El argumento del gobierno es el artículo 89 constitucional, que le permite al presidente disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente... para la seguridad interior. El problema es que el Ejército mismo no compra hoy un argumento con el que los presidentes utilizaban al Ejército para romper huelgas y controlar movimientos sociales. Así surgió Tlatelolco, un movimiento en el que nadie se hubiera atrevido a cuestionar entonces a Gustavo Díaz Ordaz, y posteriormente acusarlo de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes asesinados.

Lo que el gobierno no quiere reconocer, pero algunos altos mandos han comenzado a vislumbrar, es que la guerra contra el crimen organizado, más que un tema de seguridad interior, se convirtió en un asunto de subsistencia del Estado: una guerra civil que ha exacerbado la violencia, fomentado la inseguridad y puesto en peligro la supervivencia misma de la nación. El general secretario reconoció en una declaración que posteriormente pretendió aclarar, que algunos generales se rehusaban a intervenir hasta que tuvieran un marco legal que los protegiera contra posibles comisiones de la verdad o fiscalías para delitos del pasado.

No obstante, en las críticas del Ejército a la minuta del Senado sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se asoma la verdadera manzana de la discordia: el fuero de guerra. Para el Ejército es un tema de costumbre inveterada, de honor y de conveniencia. Tal vez ahora los militares estén comprendiendo finalmente que el fuero de guerra será el verdadero costo de su participación en la guerra contra el crimen organizado.

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