specialmente en los países que integran el llamado Grupo de los 20, formado por las grandes potencias y otras que lo serán en tres siglos más, como México, existen mecanismos que permiten conocer el monto real de los ingresos que reciben los altos funcionarios y los legisladores. Esos ingresos incluyen sueldos, pagos extras y prestaciones diversas. Agréguese lo que pagan a sus asesores y demás  personal de apoyo y lo que erogan para su funcionamiento las dependencias en las que trabajan. En  Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Japón e Inglaterra, la presión ciudadana logró trasparentar buena parte de esos ingresos y gastos y combatir las artimañas a que recurren los legisladores y funcionarios para aumentar su patrimonio.

Inglaterra es el ejemplo más reciente. El último año la prensa se encargó de documentar la forma irregular en que gastaban el dinero público prominentes integrantes de la Cámara de los Comunes y algunos ministros del gobierno que hasta esta semana presidió Gordon Brown. Las revelaciones de la prensa le costaron el cargo al presidente de ese órgano legislativo y llenaron de desprestigio a varios ministros. Ello obligó a dictar estrictas normas para que los ciudadanos no vean nunca más cómo aquellos a los que eligieron malgastan su dinero, según expresó Ian Kennedy, quien preside la oficina que regula las normas que rigen el funcionamiento financiero y administrativo del Parlamento inglés. Se acabó el derroche.

En España los ciudadanos inconformes con la enorme corrupción que campea en el medio político-administrativo de varias comunidades (muy destacadamente en las gobernadas por el Partido Popular, el aliado del PAN), pusieron en marcha diversos mecanismos para discutir y, en su caso, denunciar la forma en que los funcionarios gastan el dinero público. Nada escapa al escrutinio: desde la remodelación de un edificio hasta la compra de vehículos. Cualquier persona puede poner a consideración el gasto gubernamental y someterlo a escrutinio ciudadano en una página: conmidinero.com. Tiene gran éxito.

En México los tres poderes de la Unión destacan por su opacidad. Es casi imposible que la ciudadanía logre saber por los conductos oficiales en qué gastan secretarios, ministros, gobernadores, diputados y senadores el dinero público. Mucho menos el salario real que devengan y a qué intereses responden. Recientemente un grupo de ciudadanos estableció un sitio www.500sobre500.org, en el que se ofrece el perfil de cada diputado. Además, su relación con los poderes fácticos, las dirigencias políticas, sindicales o gubernamentales. Una forma de descubrir el sentido de sus propuestas legislativas y lo que lo mueve al emitir un voto. Por algo se comienza.