avid Johnson, subsecretario estadunidense de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, dijo ayer, en el contexto de una comparecencia ante el subcomité de Derechos Humanos del Senado del vecino país, que la justicia militar mexicana debe avanzar en la transparencia y señaló, a renglón seguido, que el Pentágono ha brindado asesoría a sus contrapartes en esa materia.

Las declaraciones del funcionario estadunidense tienen como inevitable telón de fondo el crecimiento exponencial de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en el curso de la guerra contra la delincuencia emprendida por la administración actual: de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2009 las quejas contra abusos del Ejército se incrementaron 300 por ciento, en tanto las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones graves a las garantías individuales aumentaron 400 por ciento. Tales cifras apuntan a una situación indignante e inaceptable que, por añadidura, coloca a las fuerzas armadas y a los mandos civiles, responsables últimos de la decisión de desplegar a los efectivos castrenses en tareas que les son constitucionalmente ajenas –como el combate a la delincuencia organizada–, ante la mirada y el juicio internacionales: ayer mismo, la organización Human Rights Watch llamó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a presionar al gobierno calderonista para que cumpla con los requisitos de derechos humanos previstos en la Iniciativa Mérida, puesto que virtualmente todos los abusos militares contra civiles (cometidos en México) quedan impunes.

Lo anterior evidencia la necesidad de avanzar a un sistema de justicia militar que permita esclarecer los atropellos de uniformados contra la población y castigar a los responsables. Por ello, es preocupante y desalentador que en el dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional recientemente aprobado por el Senado de la República se haya omitido establecer con toda claridad que los abusos militares contra civiles deben ser sancionados por cortes civiles: como han señalado diversos críticos, dicha omisión hace posible que los involucrados en esos episodios sean juzgados por tribunales castrenses –pese a que la Constitución, en su artículo 13, restringe claramente el fuero de guerra a casos de delitos y faltas contra la disciplina militar– y deja intactos los actuales espacios para la impunidad.

Al margen de la exasperante situación mexicana en materia de violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos castrenses, los llamados a transparentar las investigaciones en torno a tales atropellos provienen de un Estado cuyo expediente en ese ámbito ha estado marcado por incontables tropelías y crímenes gravísimos, entre los que destacan los campos de concentración de Abu Ghraib, en Irak; Bagram, en Afganistán, y Guantánamo, en Cuba; las redes de secuestro y vuelos clandestinos de la CIA, y los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra las poblaciones afgana e iraquí. En casi todos esos casos, la actuación de la justicia militar estadunidense se ha traducido en impunidad total para los responsables intelectuales y materiales.

Hasta ahora, los propósitos del viraje de la administración Obama en éste y otros terrenos no han pasado de ser –salvo en algunos casos aislados– buenas intenciones, y ello debe atribuirse a las resistencias del aparato gubernamental de ese país, empezando por los departamentos de Defensa y de Estado, a abandonar las viejas prácticas intervencionistas, belicistas y hegemónicas de Washington, que se traducen, a fin de cuentas, en masivas violaciones a garantías.

En suma, México tiene mucho que avanzar en materia de justicia militar y respeto a los derechos humanos, pero el gobierno de Estados Unidos carece hasta ahora, con el campo de concentración de Guantánamo aún abierto, de autoridad moral para erigirse en referente y ejemplo.