Guatemala, 19 de mayo. Indígenas y campesinos bloquearon, por segunda ocasión en esta semana, varios tramos carreteros para oponerse a un incremento de 30 por ciento en la tarifa de electricidad que distribuyen desde 1998 las españolas Iberdrola y Unión Fenosa.

Indígenas de La Mesilla, departamento de Huehuetenango, bloquearon la carretera a la altura del km 319, cerca de la frontera con México, mientras que grupos de campesinos hicieron lo mismo en otras dos áreas de la carretera al Pacífico (sur), así como en la zona fronteriza con El Salvador (este).

Paralelamente, integrantes del Frente Nacional de Lucha (FNL) marcharon por el centro histórico de la capital para entregar al Congreso más de 100 mil firmas que han recaudado para frenar el alza a la energía eléctrica, vigente desde el 1 de mayo, dijo el dirigente Luis Lara.

Según la versión en internet del diario Prensa Libre, la policía disolvió con gases lacrimógenos otra manifestación en una bifurcación hacia los departamentos de Alta y Baja Verapaz (norte).

Si no cumplen nuestra demanda vamos a radicalizar la lucha con la toma permanente de edificios públicos y aeropuertos, dijo Lara.

El rechazo al alza se mantiene pese a que el presidente Álvaro Colom ofreció un subsidio para que personas pobres y pequeñas y medianas empresas que consuman menos de 300 kilovatios al mes no sufran alteración en sus facturas.

Las organizaciones sindicales, indígenas y campesinas demandan la nacionalización de la distribución del servicio eléctrico, ante los frecuentes aumentos a la tarifa por parte de las compañías españolas Iberdrola y Unión Fenosa.

Las manifestaciones iniciaron luego que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica aprobara el incremento para el presente trimestre el 1 de mayo. Los inconformes justifican su acción en miles de quejas que los usuarios mantienen contra el servicio irregular que brindan estas empresas, especialmente en el campo. Explicaron que mensualmente se registran unas 300 mil quejas de usuarios afectados por el servicio defectuoso o inexistente.

De acuerdo con el FNL, el gobierno pro empresarial del hacendado Álvaro Arzú (1996-2000) privatizó en 1998, entre otros servicios, la distribución de energía eléctrica, con un contrato por 50 años a favor de Iberdrola y Unión Fenosa. La organización señaló en su sitio en internet que con capital de la primera participa como socia la empresa Teco Energy, con sede en Miami.

Aunque estas compañías se encargan de la distribución, los ajustes tarifarios corresponden a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). El último ajuste tarifario de entre 7 y 10 por ciento se registró el pasado 1 de mayo, pero fue suspendido de forma temporal por orden judicial. El presidente de la CNEE, Carlos Colom, advirtió la víspera que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de decretar cortes de electricidad ante el fallo judicial.