Villahermosa, Tab., 20 de mayo. La gobernabilidad y el freno a la violencia no pueden ser responsabilidad exclusiva de la justicia penal, menos aún de los juicios orales que se han instituido en (algunos) estados, argumentó Rodolfo Campos Montejo, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

El nuevo sistema de justicia penal es un imperativo constitucional que promovió el Ejecutivo federal, por lo cual los estados de la República están obligados a ponerlo en práctica. Por ello, Campos Montejo consideró paradójica la actitud del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que desalienta el esfuerzo de las entidades federativas para aplicar los juicios orales.

Se refirió al caso de Chihuahua y recordó que Gómez Mont refirió que la concepción de la justicia penal en esa entidad es uno de los factores de desgobierno, sobre todo en Ciudad Juárez.

Campos Montejo aseveró que la gobernabilidad y el freno a la violencia deben derivar de una adecuada estrategia de política contra el crimen impulsada por el Estado mexicano.

En sesión efectuada el 30 de abril en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Conatrib acordó difundir en los unos días una carta abierta dirigida al Presidente de la República y a la nación para respaldar al Tribunal de Justicia de Chihuahua, ante las declaraciones del secretario de Gobernación, que afectan la concordia que debe haber entre la Federación y los estados.