El PRI interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de amonestarlo por la difusión de un infomercial en los noticiarios de Televisa sobre la rendición de protesta de su candidato a gobernador en Oaxaca.

El tricolor argumenta falta de motivación y fundamentación, porque se adoptaron criterios diversos a los aplicados anteriormente en casos similares. También cuestiona la inclusión de un estudio del especialista Julio Juárez como prueba pericial en el proceso.

Paralelamente, el PRD preparaba un documento –como tercer interesado– cuestionando que el PRI no alude en su recurso al hecho de que se transmitió el infomercial, y se circunscribe a descalificar los criterios de la autoridad y el procedimiento utilizado. En el escrito cuestiona además la responsabilidad del Revolucionario Institucional en la difusión del promocional disfrazado de noticia, pues era su obligación asumir el papel de garante para evitar la violación de la ley.

Trascendió que en el curso del proceso sancionador que empezó el IFE contra el PRI, su candidato Eviel Pérez Magaña y Televisa –todos amonestados por la difusión del infomercial–, el gobierno federal presionó a la autoridad electoral en busca de inhibir la posibilidad de castigo por esta causa. Fuentes del organismo cuestionaron tal actitud, particularmente paradójica, tratándose de un proceso contra el tricolor, en el cual, originalmente el PAN estaba involucrado como parte promotora de la queja.

Presiones del Ejecutivo

Las presiones del Ejecutivo federal sólo tuvieron eco en su propio partido, toda vez que en vísperas de que se efectuara la sesión del Consejo General, el PAN determinó desistirse de su participación en el recurso interpuesto por el PRD. De hecho, la queja no fue interpuesta por la representación oficial del sol azteca, sino por el representante del Legislativo, Pablo Gómez.

En el documento presentado por el PRI contra la amonestación también se subraya que en ningún momento el IFE logró acreditar que se haya adquirido el espacio comercial, que debería ser el punto central para sancionar.