Integrantes de asociaciones civiles, académicas y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) escucharon ayer pormenores de las demandas y plan de acción del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Conocieron la situación de los 93 trabajadores en huelga de hambre, seis menos de los que iniciaron esta protesta hace 27 días.

Por la tarde, el dirigente del SME, Martín Esparza, se reunió –en la sede del sindicato– con Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Le pedimos que difunda, en las embajadas acreditadas en México, postura y objetivos del SME, en el marco de una convocatoria internacional para que se conozca la verdad y no sólo la postura del gobierno. Le explicamos acerca de la violación a las garantías básicas, especialmente contra los trabajadores, por el gobierno de Felipe Calderón, señaló Esparza tras la conversación con Brunori.

En tanto, siete abogados e investigadores de diversos países visitaron el campamento del SME instalado en la Plaza de la Constitución; el objetivo fue elaborar un informe que será difundido, afirmaron, a escala internacional.

Mientras los extranjeros (entre ellos Yogesh Sabharwal, ex presidente de la Suprema Corte de India, y Aiustin Reichbach, juez de la Suprema Corte de Nueva York) observaban la situación, uno de los huelguistas, Roberto Salcedo Alemán, presentó un cuadro de taquicardia aguda y fue trasladado a un hospital, porque su vida estaba en riesgo, de acuerdo con los médicos que lo atendían.

Tras la decaída de Salcedo, quedan 80 huelguistas en el Zócalo y 13 en Toluca; los 10 trabajadores que iniciaron esta protesta se acercan ya al mes sin probar sólidos; todos beben sólo agua con miel y suero.

A esa hora de la tarde, con un intenso sol que hacía del campamento un espacio sofocante, también visitaba a los electricistas Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien culpó al gobierno federal de minimizar la situación que padecen no sólo los trabajadores sino los ciudadanos en general, por las condiciones de represión y violencia generalizada.

“Si tuvieran la presteza de estar buscando a los desaparecidos ya los habrían encontrado; Calderón tiene ingenio para lo malo, se le ocurrió inventar la palabra levantón y el crimen organizado, pero son secuestros, desapariciones forzadas de un gobierno desorganizado y perverso”, dijo.

En el libro de registro del campamento del SME, la legisladora –quien desde hace más de tres décadas lucha contra la represión y ahora tiene un recuento de 557 desaparecidos– escribió: Compañeros huelguistas, recuerden siempre que las fábricas pueden funcionar sin los patrones pero nunca se moverán sin los obreros.

Los electricistas del campamento dijeron a los invitados que les arrebataron el derecho a una vida digna, por lo que continuarán ahí, en ayuno permanente, con la total certeza de que nuestra lucha es justa. No es justo que de la noche a la mañana nos hayan arrebatado todo.

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) les informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el jueves pasado el recurso de revisión interpuesto por un grupo de siete diputados que iniciaron trámite de controversia constitucional del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

De acuerdo con el legislador, analizará el recurso de revisión (tras la negativa inicial del 13 de mayo) la ministra Olga Sánchez Cordero. Los diputados argumentan que Felipe Calderón no dictó, previo a su decreto, el acuerdo de desincorporación que ordena la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento. Al aceptar el recurso de revisión, señalaron, procede emplazar y pedir informes a Calderón y al procurador general de la República para que expliquen las razones del decreto.

En la comisión de abogados y especialistas extranjeros se encuentra Jeanne Mirer, presidenta de la Comisión Internacional para los Derechos Laborales, y Juan Guzmán Tapia, ex juez de la Corte de Apelaciones de Chile.