En siete años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo ha recuperado 35 mil 145 millones 478 mil pesos, de los cuales 21 mil 710 millones corresponden a irregularidades cometidas en el manejo del presupuesto público por parte del gobierno federal, y 13 mil 121 millones 180 mil pesos a estados y municipios.

De acuerdo con las cifras de la propia ASF, a marzo pasado la principal recuperación de recursos había sido del rescate bancario, por 10 mil 856 millones de pesos, aun cuando éste representa un costo de un billón 100 mil millones.

Entre las recuperaciones resalta la de 69 millones de pesos de un fideicomiso que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) constituyeron para su retiro, y que fue considerado irregular y de gran opacidad por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados.

Los montos corresponden desde la primera cuenta auditada por la ASF en 2001 –cuando los diputados aprobaron la desaparición de la Contaduría Mayor de Hacienda– a 2008, ejercicio en el que los auditores detectaron más de 7 mil irregularidades relacionadas con desvío de recursos y malos manejos en fondos y fideicomisos del gobierno federal y de los estados.

Sin embargo, por primera vez, en febrero pasado, al presentar el resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2008, la auditoría se negó a informar del probable daño a la hacienda federal que implicarían esas irregularidades y observaciones.

Mientras, en el reporte de marzo, la ASF resaltó que del monto recuperado existe soporte documental por 20 mil 533 millones 229 mil pesos, esto es, que se puede comprobar el reintegro del dinero a la Tesorería de la Federación mediante la presentación de cheques. La documentación abarca 94.6 por ciento de esos pagos.

Entre los recursos devueltos a la hacienda pública se incluye el de 500 millones 732 mil pesos del rescate, mediante expropiación de las empresas azucareras, en el sexenio de Vicente Fox. Dicho monto contrasta con las transferencias que se hicieron con recursos fiscales por 3 mil 360 millones de pesos para los gastos de operación de los ingenios expropiados.

Lo anterior se refiere a la devolución, en marzo de 2004, de sus ingenios al Grupo Azucarero México (GAM), que interpuso sendos amparos.

La ASF detectó que el gobierno federal no le exigió el pago de los recursos fiscales utilizados para el rescate de esa compañía, que finalmente hizo el pago respectivo en 2005.

Esa cantidad se cubrió en cuatro transferencias electrónicas entre el 6 y el 20 de mayo de 2005, con lo cual –explicó la auditoría– se logró también una disminución al costo fiscal de la expropiación de los ingenios azucareros.

Fideicomisos del TEPJF

En el caso de los fidecomisos del TEPJF, la ASF incluyó en sus informes un oficio del 2 de abril de 2009, en el que el secretario administrativo del tribunal reporta un traspaso por 46 millones 67 mil pesos, por concepto de intereses generados por el cierre de la cuenta donde se depositaron esos recursos.

También, las aportaciones al fideicomiso 158976 para el fondo de ahorro de los secretarios de las salas, por 2 millones 800 mil pesos; de la aportación inicial al fidecomiso 158964, por 21 millones, y de 3 millones de pesos por el convenio de extinción del fideicomiso.

Se trata de recursos observados por la ASF, la cual concluyó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación utilizó subejercicios para constituir un fondo de ahorro de retiro para magistrados y funcionarios de esa instancia judicial. En el caso de las entidades del país, el estado de México es el que más ha reintegrado recursos a la Tesorería de la Federación, con 2 mil 967 millones de pesos.