La reforma penal que instituye los juicios orales en México está por cumplir dos años de su promulgación, y según el presidente Felipe Calderón será inútil si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales y la justicia queda al mejor postor.

Tras plantear que en apenas siete estados la reforma está en marcha, demandó a los gobernadores acelerar el paso en su instrumentación y en reconstruir su institucionalidad, porque si no aprovechan la presencia temporal del Ejército en las entidades es poco lo que puede hacerse.

Flanqueado por los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el mandatario federal dio una amplia exposición sobre la seguridad en el país, sin aludir a la situación de su correligionario Diego Fernández de Cevallos, secuestrado hace 11 días.

En la apertura del Foro Político Seguridad y Justicia, Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS, quien a raíz del plagio y asesinato de su hijo Fernando se ha vuelto un referente en el tema, tampoco aludió al caso del ex candidato presidencial desaparecido y se centró en pedir que no se pierda la capacidad de indignación por la muerte de jóvenes y estudiantes.

En el Archivo General de la Nación, resguardado por cientos de elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, Calderón Hinojosa explicó que la aplicación de la reforma no depende solamente de que se haya promulgado: requiere del diseño de corporaciones policiales y ministeriales mejores pero, sobre todo, de la exigencia de los ciudadanos para que tenga éxito.

Admitió que será inútil si no transformamos los cuerpos encargados de procurarla y de administrarla, porque cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia. Seguirá ocurriendo, como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor.

En este punto secundó a Martí en cuanto a que la corrupción y la connivencia policiaca con los criminales ha sido en México el principio de la impunidad.

Hizo un balance de la instrumentación de la reforma: en siete entidades está en vigor, en dos estados hay una fecha próxima definida para su implementación y en más de 50 por ciento de los estados se está trabajando para llevarla a buen fin.

Insistió en su exhorto al Congreso de la Unión para que apruebe otras iniciativas enviadas por el Ejecutivo para cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad, precisamente, para que peligrosos delincuentes dejen de salir caminando de las cárceles por configuraciones insuficientes de la tipología penal.

Demandó a las autoridades locales celeridad en la instrumentación de los juicios orales para evitar que aparezca el fenómeno de la puerta revolvente, es decir, que tarda más el criminal en llegar a la puerta que en estar saliendo inmediatamente por ella, precisamente por insuficiencias o implementaciones inadecuadas de la reforma.

No perdió la oportunidad de defender su lucha contra la delincuencia y de calificar de ilusa la propuesta de que el gobierno se repliegue, y dijo que, en todo caso, la lucha debe hacerse con mayor precisión, fuerza e intensidad.

Minutos antes, Alejandro Martí hizo una crítica a las muertes de civiles, al señalar que por cada joven, mujer, niño o padre de familia que perece a manos de la delincuencia, por las balas del fuego cruzado, o por la omisión de las autoridades, va muriendo nuestra fe en recuperar algún día nuestro país. Lamentó que los ciudadanos hemos aceptado ser victimizados y no recibir justicia, tener una cuota de dolor y de desamparo como si fuese un hecho irreversible.

Demandó total atención del Estado, así como un esfuerzo presupuestario, ya que 80 por ciento del éxito de los cambios en el ámbito penal radica en su implementación.