Nogales, Arizona, 24 de mayo. Senadores de México y Estados Unidos, así como alcaldes de condados y ciudades fronterizas de esta entidad refrendaron aquí su rechazo a la criminalización de los migrantes y acordaron denunciar la Ley SB 1070 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos, para que se determine si la controvertida norma vulnera garantías fundamentales de los trabajadores latinos aquí.

El acuerdo se tomó durante la reunión de la Conferencia Binacional de Legisladores y Funcionarios Fronterizos, a la que asistieron los ocho senadores mexicanos que viajaron a Arizona para cabildear con congresistas estadunidenses las posibilidades de frenar esa ley recién aprobada por la gobernadora republicana Jan Brewer.

Durante este encuentro se informó que diariamente son expulsados entre 500 y 600 mexicanos por Nogales –provenientes de todo Arizona–, situación que podría agravarse al entrar en vigor la Ley SB 1070. En un año sacarían a todos los indocumentados que residen en este estado, advirtió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Luis Alberto Villarreal.

Ahí, la senadora del PAN por Sonora, Emma Larios, señaló que es inconcebible que una potencia como Estados Unidos, que enarbola la defensa de los derechos humanos, que eligió a su líder político sin importar el color de su piel, aplique ahora campañas de odio y leyes retrógadas, más propias de estados totalitarios y dictatoriales.

Lazos económicos en riesgo

Insistió en que debe frenarse esa ley, que equipara a los migrantes indocumentados con criminales. Además, hizo notar que están en riesgo los lazos económicos, culturales y afectivos entre la población de Arizona y Sonora, por cuya frontera se dan 65 mil cruces al día y el flujo comercial es de 7 millones de dólares diarios.

Los congresistas y funcionarios estadunidenses presentes compartieron esa preocupación. La senadora Amanda Aguirre, indicó que hay más intentos de Brewer de lesionar a los migrantes, ya que promulgó recientemente un decreto que permite a la policía inspeccionar domicilios para verificar el estatus migratorio de sus ocupantes.

El alcalde de Somerton, Martin Porchas, cuyos padres son de origen mexicano, comentó que conjuntamente con los titulares de los condados de Flagstaff, Tolenson y Tucson, preparan un recurso legal que presentarán ante la Corte Suprema, con el propósito de que se declare inconstitucional la legislación que crimizaliza a los indocumentados.

Agregó que ningún condado tiene instalaciones carcelarias para encerrar a los indocumentados a los que se aplique la ley.

El alcalde de Douglas, Michael Gómez, y los senadores Manuel Manny Álvarez y Linda López, de los distritos 25 y 29 de Arizona, coincidieron con ello, e insistieron en que debe frenarse esa legislación discriminatoria.

Los senadores Ernesto Saro, Adriana González y Guillermo Anaya, del PAN; los perredistas Silvano Aureoles y Claudia Corichi, y el priísta Alfonso Elías Serrano dejaron claro que son respetuosos de las leyes de Estados Unidos, que no pretenden intervenir en asuntos internos de esa nación, pero están dispuestos a apoyar, dentro de sus facultades, las demandas que se han interpuesto contra la discutida legislación.

De Nogales, los senadores mexicanos se trasladaron por tierra a Phoenix, para visitar fuera del Capitolio a un grupo de ciudadanos que están en ayuno, en protesta por la ley antimigrante. Por la noche se reunieron con los cinco cónsules de México en Arizona.

Camino de Nogales a Phoenix, la camioneta en que se transportaban los representantes de los medios de comunicación que viajan con los senadores debió detenerse en uno de los retenes que la Patrulla Fronteriza tiene en la entidad. Un oficial de migración examinó cuidadosamente los pasaportes y visas de los comunicadores, antes de dejar que el vehículo continuara su recorrido.