Morelia, Mich., 25 de mayo. A un año de que 30 funcionarios estatales y municipales fueron detenidos acusados de nexos con el narcotráfico, 18 han sido liberados y 12 permanecen presos en el penal de Mil Cumbres. Después del llamado michoacanazo, tres servidores públicos más fueron aprehendidos por el mismo cargo. Priístas y perredistas expresaron este martes su inconformidad, por considerar que los procesos penales están plagados de irregularidades.

Además del daño sicológico a los detenidos, también se afectó su salud, como la ex secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Citlalli Fernández, quien abortó en el penal de Tepic, Nayarit. De su lado, el también ex titular de Seguridad Pública estatal, Mario Bautista, enfrenta en la cárcel un cáncer severo.

Priístas y perredistas consideran que el michoacanazo fue un golpe más político que judicial, mientras en dos ocasiones (la última el pasado 15 de mayo) el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que no hay por qué ofrecer disculpas, pues los procesos penales se podrían reabrir si se presentan nuevas pruebas.

El gobernador Leonel Godoy respondió el 18 de mayo que el gobierno federal no quiere entender el error que se cometió contra 30 ex funcionarios estatales y municipales, ni ha hecho caso de las dos solicitudes que el mismo mandatario envió a principios de este año al presidente Felipe Calderón para exigir una disculpa por violar la soberanía de Michoacán el 26 de mayo de 2009, cuando policías federales entraron a palacio de gobierno para detener a dos funcionarios.

Entre los servidores públicos liberados están los alcaldes de Uruapan, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Tumbiscatío e Hidalgo, entre otros, así como Citlalli Fernández, quien fungía ya como asesora del gobernador Leonel Godoy, pues había dejado la Secretaría de Seguridad Pública meses atrás.

Entre los funcionarios de mayor jerarquía que siguen presos están el ex procurador Miguel García Hurtado y el ex director de Seguridad Pública, Mario Bautista.