Inconformes por la persistente carencia de medicamentos para el control del VIH, los responsables de los programas estatales contra el sida se rebelaron contra el director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), José Antonio Izazola, y plantearon que la alternativa para terminar con el problema es que el presupuesto se transfiera a las entidades y éstas compren lo que requieran, sin intermediarios.

Aunque Antonio Izazola admitió que hay razón para el enojo, señaló la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Acusó a varios coordinadores estatales de carecer de voluntad política para actualizar el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (Salvar), base de datos con la que el Censida pretende mejorar el control de inventarios en cada estado.

Lo anterior luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2008 que había sobrexistencias en varias entidades, así como medicamentos caducos. Respecto de las inconsistencias en el sistema informático que han sido denunciadas por los responsables de los programas del VIH, Izazola también admitió que se han corregido algunas y que efectivamente representan un reto tecnológico, pero funciona para lo que fue diseñado, es decir, tener los datos de inventarios actualizados, recetas surtidas y necesidades para los siguientes meses, expresó.

Los responsables de los programas de VIH/sida del país participan en una reunión nacional de tres días que se lleva a cabo en la ciudad de México. En la primera sesión, el lunes pasado, reprocharon airadamente a Antonio Izazola las dificultades por las que han pasado este año para surtir las recetas de las personas que viven con esa enfermedad. De acuerdo con algunos asistentes, el reclamo fue de tal nivel que de plano exigieron la presencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, quien podría asistir este día para conocer la situación que prevalece en los estados.

Además de la exigencia planteada por Izazola para alimentar la base de datos, éste les informó que se realizarán auditorías a todos los programas estatales. Para el director del Censida, el objetivo es satisfacer los requerimientos de la ASF, la contraloría interna, el Seguro Popular e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En entrevista, comentó las dificultades que enfrentó para lograr la autorización de mil 800 millones de pesos para la compra de antirretrovirales este año. A pesar de que el comité técnico del fideicomiso del Fondo de Gastos Catastróficos aprobó el monto el pasado 13 de mayo, apenas ayer llegó al Censida el documento que informa sobre la suficiencia presupuestal.

Sin ese papel, indicó Izazola, el trámite para la compra emergente de medicinas y la licitación pública anual no pueden concretarse. Además, mencionó que la aprobación se dio 90 días después de que el Censida empezó el trámite ante el Seguro Popular para la autorización del recurso.

Otro reclamo que los funcionarios estatales hicieron a Antonio Izazola tiene que ver con el faltante de recursos, pues, aseguraron, el dinero no alcanzará para garantizar a todas las personas que viven con VIH que tendrán terapias. El funcionario explicó que el problema se corregiría si la base de datos estuviera actualizada, y se refirió específicamente al Distrito Federal.

El programa capitalino contra el VIH solicita dinero para 6 mil 900 pacientes, pero sólo 5 mil 500 están registrados en Salvar. Sentenció: si no están en el sistema, tampoco tendrán los medicamentos. Además, en la capital del país se tendrá que verificar si los decesos han sido subidos el sistema y si se ha dispuesto de los antirretrovirales se trataría de un daño patrimonial, advirtió.