Los jueces federales Roberto Hoyos Aponte y Carlos Elorza Amores –el primero con sede en el estado de México y el segundo en Nayarit– revisaron hace dos semanas, con tres días de diferencia, el pliego de consignación en contra del candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez.

Ambas consignaciones se sustentaron en los mismos cargos y, básicamente, con las mismas pruebas aportadas, según revelaron a La Jornada fuentes judiciales cercanas al expediente.

Hoyos Aponte –con diez años de experiencia como juzgador– consideró insuficientes las evidencias y negó la orden de captura el pasado 7 de mayo. En cambio, Elorza Amores –nombrado juez en agosto de 2008– le dio la razón a la Procuraduría General de la República (PGR).

Con menos de dos años de experiencia como juez federal, Carlos Elorza, quien despacha en un juzgado con sede en Tepic, ya tiene una trayectoria de resoluciones favorables a los fiscales anticrimen de la PGR.

Cuando se destapó el escándalo en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por la llamada Operación Limpieza, Elorza ordenó las capturas e inició procesos contra Miguel Ángel Colorado, ex director de operaciones de esa instancia de la PGR, y contra el ex comandante de la Policía Federal (PF) Javier Herrera Valles, ambos presos.

El año pasado, Elorza avaló las aprehensiones de 51 ex custodios del penal de Cieneguillas, Zacatecas, y de varios alcaldes de Michoacán, presuntamente vinculados al crimen organizado. En los últimos dos casos, varios de los inculpados ya salieron de prisión tras obtener amparos de la justicia federal que pusieron en evidencia las débiles pruebas aportadas por la SIEDO desde el inicio de esas acusaciones.

Jueces de distrito en materia penal consultados ayer por este diario –quienes pidieron el anonimato– explicaron que es muy común, cuando se trata de juzgadores recién nombrados, que sus primeras resoluciones sean favorables a la autoridad ministerial, toda vez que todos tienen un plazo de cinco años de prueba, después de su designación, antes de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los ratifique.