El gobierno mexicano es responsable de violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que está obligado a restituirlos en su empleo y, por ende, anular el cierre arbitrario y el decreto de extinción de la empresa, sostiene la resolución del Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS) que fue entregada ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con la representación de organizaciones laborales y sindicales, una delegación de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la senadora Rosario Ibarra de Piedra y el líder del Sindicato Mexicano de los Electricistas (SME), Martín Esparza, entregaron el documento en el que el tribunal internacional condenó al gobierno de Felipe Calderón por violentar la libertad sindical.

Afuera del inmueble, centenares de electricistas exigían con consignas y pancartas el respeto a la libertad sindical y la solución al problema de LFC, como condiciones necesarias para que los trabajadores en huelga de hambre levanten su movimiento.

¡Huelga de hambre, solución!, Señores ministros: ¡si tienen madre, hónrenla!, rezaban algunas mantas.

Después de entregar el documento del tribunal internacional en la oficialía mayor de la SCJN, la delegación, conformada por Esparza, la senadora Ibarra de Piedra, el dirigente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes; Óscar Alzága y Estela Ríos, solicitó ser recibida por el ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Sin embargo, fueron atendidos por personal de la presidencia de la Corte, quienes señalaron que Ortiz Mayagoitia no podía atenderlos porque estaba en sesión de pleno.

Al salir, Rosario Ibarra aseveró a los electricistas reunidos ante la puerta principal de la Corte que la razón por la que pidieron ver al ministro presidente fue para expresarle el papel tan importante que debe jugar la Suprema Corte para garantizar los derechos de los trabajadores.

Si la Suprema Corte, advirtió la veterana dirigente que ha dedicado su vida a favor de quienes han desaparecido a manos del gobierno, no restablece el estado de derecho en el país, tenemos que llegar a la conclusión de que en este país se han agotado las instancias jurídicas para hacer efectivos los derechos de los trabajadores.

El dirigente de la ANAD. Manuel Fuentes, explicó que el objetivo de entregar las resoluciones del tribunal internacional a los ministros es que lo tomen en cuenta cuando resuelvan el amparo que presentaron los integrantes del SME en contra del decreto de extinción de LFC y del despido de más de 40 mil trabajadores.

Fuentes reconoció que la sentencia del tribunal, emitida hace unos días, no es vinculante para el Estado mexicano. Sin embargo, adelantó que el texto también será remitido a la Organización Internacional del Trabajo y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que tengan conocimiento de la situación.

El documento que recibieron hoy los ministros enfatiza: El tribunal resuelve y exige al gobierno mexicano la restitución de sus derechos laborales a los trabajadores de la LFC.