La Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), perteneciente a la otra campaña, sostuvo que, pese a los riesgos de que sus integrantes sean agredidos por paramilitares de la Unidad de Bienestar Social, participarán en la caravana de ayuda humanitaria para los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.

En un comunicado, la organización con presencia en la región de la huasteca veracruzana informó que participa en el acopio de alimentos; la ayuda simbólica del pueblo huasteco y totonaco se enviará por distintas vías al municipio autónomo y una comisión se sumará a la caravana.

La RUDH se pronunció contra la participación de legisladores en la caravana; pretenden aprovecharla para ganar simpatías en la actual coyuntura electoral; el movimiento debe ser independiente de los partidos políticos y el gobierno.

A su vez, la organización Maderas de Pueblos del Sureste exigió al gobierno federal y al de Oaxaca cesar el clima de agresión, violencia e intimidación contra los habitantes del municipio y otorgar las garantías de seguridad e integridad a los participantes de la caravana.

En carta dirigida a la Presidencia de la República, al gobierno de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional, pidió que se investigue la agresión contra la caravana de observación civil del 27 de abril, donde murieron Beatriz Alberta Cariño Trijullo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos y fundadora de la Red de Radios Comunitarias del Sureste Mexicano, y el finlandés Jyri Jaakkola, así como el asesinato, el 20 de mayo, de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar.

Exigió el desarme de los grupos paramilitares que impunemente actúan en la región triqui, castigo a quienes los encabezan y a los funcionarios que los han promovido y solapado, y que se otorguen todas las garantías de seguridad e integridad a quienes participen en la caravana humanitaria que el 8 de junio partirá de la ciudad de México rumbo al municipio autónomo.

Las organizaciones responsabilizaron al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de cualquier agresión o intimidación contra la caravana.