La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se manifestó por eliminar la figura del arraigo, pues mantiene en la indefinición la situación legal de las personas, y porque no se puede combatir el delito y obligar a los ciudadanos a ceder en sus derechos.

En las mesas de trabajo Derecho al Acceso a la Justicia y al Debido Proceso, la primera visitadora de la CDHDF, Yessenia Mercedes Peláez Ferrusca, señaló la necesidad de acotar el uso del arraigo y la prisión preventiva como forma de realizar investigaciones judiciales a costa de la libertad ciudadana.

Frente a legisladores locales, la primera visitadora exhortó a establecer el principio de presunción de inocencia dentro del Código de Procedimientos Penales, y disminuir la privación de la libertad.

Reconoció que excepcionalmente se puede realizar un proceso con la persona detenida en prisión. Y digo excepcionalmente porque habrá casos en los que la gravedad del delito o las circunstancias del delincuente puede llevar a la necesidad de mantener a la persona recluida, pero eso debe ser la excepción y no la regla, la cual mantiene abarrotados los centros de detención y los reclusorios capitalinos, explicó.

Libertad bajo palabra

Indicó que una herramienta más para limitar la figura de la prisión preventiva es ampliar las posibilidades de libertad bajo palabra.

A su vez, la segunda visitadora de esta comisión, Rosalinda Salinas Durán, especificó que la presunción de inocencia es una garantía constitucional de toda persona sujeta a proceso. Abundó que frente a la ineficacia de las instituciones del país, se combate el delito obligando a las personas a ceder en sus garantías.

Sin embargo, sentenció que con el arraigo se recluye a las personas ligadas a la comisión de un delito, cuando se podrían hacer más eficientes las instituciones para que los mandamientos judiciales se cumplan en tiempo y forma.

Apuntó que la única política de seguridad pública posible y aceptada es aquella que pone en el centro el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Salinas Durán pidió también considerar la situación de hacinamiento de los centros de reclusión, pues en las cárceles varoniles hay un 60 por ciento de personas sujetas a procesos que padecen la sobrepoblación, la falta de agua, de instalaciones eléctricas y sanitarias y una alimentación inadecuada.

Se les está colocando en una situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando la persona ni siquiera ha sido determinada como culpable de cometer un delito, finalizó.