Guadalajara, Jal., 31 de mayo. La construcción de una sociedad más justa e igualitaria requiere de una participación estratégica del Estado, afirmaron rectores de Iberoamérica. Frente a una crisis económica global y la aplicación de un modelo de desarrollo que favorece un individualismo negativo, señalaron que sólo con un poder público protector se pueden impulsar procesos de cohesión e inclusión social.

En el segundo Encuentro Internacional de Rectores Universia, los académicos destacaron que las sociedades en las que se desarrollan nuestras universidades se caracterizan por procesos de fragmentación y exclusión social, por cambios en los patrones de desarrollo y por el riesgo y la incertidumbre como sentimiento de nuestra época.

Albor Cantard, rector de la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe, Argentina, destacó que la educación superior debe abonar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Indicó que no sólo con el pleno ejercicio de las funciones sustantivas de la universidad se podrá participar en la consolidación de una democracia vinculada a una sociedad menos desigual. Es necesario además, indicó el académico, la construcción de una nueva relación entre las universidades y el Estado, pero también con la sociedad, a fin de vincular con más éxito los avances y logros de las instituciones de educación superior con la construcción de sociedades menos desiguales y excluyentes.

Por otro lado, en conferencia magistral, Miguel León-Portilla, historiador y profesor emérito de la UNAM, destacó que los grados de marginación social y económica, así como las lacerantes desigualdades que han perdurado durante siglos en muchos de los países iberoamericanos, para ser disminuidos requieren de un mayor interés de los estados respecto de la educación superior y la investigación, lo que conlleva un aumento en los recursos públicos que se destinan al sector.

Si se descuida la formación universitaria, advirtió, el país corre el riesgo de que la mayor parte de su fuerza laboral se emplee en trabajos de mano de obra mal remunerados, convirtiéndose en escenario de maquiladoras. Explicó que las enormes desigualdades en nuestros países sólo podrán reducirse abriendo las puertas de la universidad a los jóvenes interesados en obtener una adecuada formación.

Recordó que en la mayoría de las naciones latinoamericanas aproximadamente dos de cada diez jóvenes de entre 18 y 20 años tienen la posibilidad de acceder a la educación superior, mientras que en los países desarrollados tal opción supera 50 por ciento de la población juvenil.