La moratoria sobre la caza comercial de ballenas, que dura ya 24 años y es uno de los mayores logros ambientales del mundo, está en peligro de ser abandonada en la reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que comienza esta semana en Agadir, Marruecos.

Un nuevo acuerdo propuesto, que tiene una posibilidad realista de ser aprobado en la conferencia, permitiría a tres países que han continuado la matanza de ballenas grandes –en desafío al veto– reanudar la caza legalmente, a cambio de reducir el número de capturas.

Muchos conservacionistas dudan de que las capturas disminuyan con ese acuerdo, el cual uno de los principales científicos en ballenas del mundo describió hace poco –en testimonio ante el Congreso de Estados Unidos– como “un fraude… que probablemente engañará a muchas personas”.

Sin embargo, las probabilidades de que el acuerdo se apruebe se incrementan por un extraño giro burocrático que impediría a países europeos opositores, como Gran Bretaña, votar contra él en la sección final de la reunión, que comienza dentro de tres semanas.

Tragedia en potencia

“Es un gran logro para los países balleneros –comentó Mark Simmonds, jefe científico internacional de la Sociedad de Conservación de Ballenas y Delfines–. En Noruega ya están celebrando. Pero para las ballenas es una tragedia en potencia.”

Si se desmantela la moratoria, representaría uno de los retrocesos más dañinos para la conservación de la vida silvestre. La veda, que se pactó en 1982 y se puso en práctica en 1986, fue introducida luego de una campaña prolongada e intensa de grupos de presión tales como Greenpeace, los cuales protestaban por la intensa crueldad de la caza de ballenas.

Dicha actividad se realiza disparando arpones explosivos contra esos mamíferos grandes e inteligentes. Además, muchas poblaciones de ballenas han sufrido una drástica reducción por la caza excesiva, que ha llevado a la ballena azul al borde de la extinción.

Si bien la veda puso fin a la caza en gran escala, y las poblaciones comenzaron a recuperarse, tres países continuaron la matanza: Japón, que etiquetó su cacería como investigación científica, y los noruegos e islandeses, que presentaron objeciones formales. De 1986 a la fecha entre las tres naciones han matado más de 30 mil ballenas; los japoneses encabezan la cacería con más de mil al año, sobre todo de las especies minke, de Bryde, de aleta, sei y cachalote.

De todas formas la suma total de muertes ha caído a una fracción de lo que era, y la moratoria ha sido un éxito absoluto desde el punto de vista de la conservación.

El acuerdo que podría acabar con ella lleva tres años en la mesa de negociaciones, y en un principio se le creía una mera transacción diplomática para poner fin a la perpetua confrontación en las reuniones de la CBI entre naciones balleneras y no balleneras. Pero en fechas recientes se ha vuelto claro que tenía un propósito diferente, y que fue cocinado en Estados Unidos por figuras claves del gobierno de George Bush, entre ellas el senador Ted Stevens de Alaska, quien había sido el de mayor tiempo en el cargo en ese país hasta que fue sometido a juicio en 2008 por recibir regalos y no reportarlos.

El ballenero japonés Yushin Maru, durante la captura de un cétaceo luego de atacarlo con un arpón, en enero de 2006, en una imagen provista por Greenpeace. El pasado viernes Australia anunció que denunciará a Japón ante la Corte Internacional de Justicia como parte de la intensificación de su campaña para prevenir la caza en el océano AntárticoFoto Ap

Una de las figuras más poderosas en la política estadunidense, el senador Stevens buscó un pacto con Japón luego que éste objetó la cuota asignada a los pueblos inuit (esquimales) de Alaska, a quienes se concedía la caza tradicional de 50 ballenas.

Versión modificada

Se cree que Stevens presionó al entonces comisionado estadunidense del ramo y presidente de la CBI, William Hogarth –cuyo presupuesto en el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas era controlado por el senador como miembro del Comité de Asignaciones–, para entablar pláticas con Japón, cosa que éste realizó en la reunión de la comisión efectuada en 2007 en Anchorage, Alaska.

Las propuestas de Hogarth, que habrían permitido a japoneses y otros reanudar la caza comercial, fueron desechadas por la comisión, pero el plan que ahora se negocia es en esencia una versión modificada del que él presentó, sólo que aún más favorable a los países balleneros.

Es de notarse que Estados Unidos, que tenía que negociar cada cinco años su cuota para los inuit, obtendría una cuota por 10 años si el acuerdo se aprueba.

Por no conocer los antecedentes, muchos activistas ambientales se sorprendían de que Estados Unidos, que durante décadas había sido uno de los más tenaces opositores a la caza comercial de ballenas, pareciera hacer movimientos para poner fin a la moratoria. Ahora entienden por qué.

Sin embargo, aunque la nueva comisionada estadunidense, Monica Medina, ha estado impulsando con fuerza el acuerdo, el presidente Obama ha comenzado a interesarse en el tema y se dice que ha expresado inquietud.

La actitud de la comisionada ha cambiado. En una reunión a finales de la semana pasada, Medina deslizó que su país no puede aceptar el acuerdo en su forma actual, pero estaría interesado en uno nuevo.

La posición británica es clara. El Reino Unido se opone a toda forma de caza de ballenas, excepto la limitada a pueblos indígenas para propósitos de subsistencia claramente definidos, explicó el ministro del Ambiente Marino, Richard Benyon. Esperamos que nuestros socios europeos voten también en contra.

Sin embargo, hay una dificultad. Los abogados de la Comisión Europea han dicho que la UE debe votar por consenso en la CBI, y si éste no se puede lograr, los 25 países miembros –que forman un bloque sustancial en el organismo ballenero, integrado por 88 países– tendrían que abstenerse.

La mayoría de las naciones europeas estarían contra el acuerdo, pero es posible que Dinamarca, que tiene vínculos con comunidades balleneras indígenas de las Feroes y Groenlandia, votara a favor, en cuyo caso los británicos y otros opositores no podrían sufragar en contra y crecerían en mucho las posibilidades de que el acuerdo fuese aprobado.

El asunto está aún en negociación entre los abogados de la Comisión Europea y los estados miembros, entre ellos Gran Bretaña.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya