El candidato de la Alianza por Quintana Roo –integrada por PRD, PT y Convergencia– al gobierno de esa entidad, Gregorio Sánchez Martínez, quedó sin derechos políticos a partir de este martes después que el juez segundo de distrito en materia penal, Carlos Alberto Elorza Amores, con sede en Tepic, Nayarit, dictó auto de formal prisión en su contra por ser presunto responsable de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero por casi un millón de dólares, señaló este martes el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Los cargos penales que la Procuraduría General de la República (PGR) fincó a Sánchez Martínez fueron avalados por el juez de la causa. La acusación imputa al perredista presuntos vínculos con actividades delictivas de la organización criminal que dirigen los hermanos Beltrán Leyva y los sicarios conocidos como Los Zetas, realizadas en Cancún, Quintana Roo.

Elorza notificó de su resolución la tarde de ayer a las autoridades electorales, por lo que Sánchez Martínez no podrá contender por la gubernatura de Quintana Roo, a no ser que en las próximas horas sus abogados tramiten y consigan una suspensión provisional en vía de amparo que detenga el procedimiento de cancelación de sus derechos políticos, el cual concluirá esta misma semana.

De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución, fracción II, un ciudadano pierde sus derechos políticos cuando está sujeto a proceso criminal que merezca pena corporal, contada a partir de la fecha del auto de formal prisión.

También existe una tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala: Derechos políticos. Deben declararse suspendidos desde el dictado del auto de formal prisión.

A partir de hoy, el político quintanarroense tiene tres días hábiles de plazo para apelar del fallo judicial ante un tribunal unitario de circuito o, en su defecto, recurrir al juicio de amparo indirecto. Si no tramita la suspensión del acto reclamado, es difícil que alguno de los recursos de apelación se resuelva antes del próximo 4 de julio, día en que se realizará la jornada comicial en Quintana Roo.

El abogado Eduardo Luengo Creel, uno de los defensores de Gregorio Sánchez, aseguró ayer en varias entrevistas que tiene prevista una estrategia de defensa para litigar el asunto de su cliente en la arena electoral.

Al dictar el auto de formal prisión a Gregorio Sánchez, (el juez) confirma un ejercicio abusivo del derecho penal y le da una ventaja ilegal a la PGR, porque están utilizando la figura del testigo protegido para fines políticos, y los jueces de distrito deben ser un freno a ese ejercicio desbordado de la procuraduría, porque si no, mañana cualquier ciudadano es víctima de un testigo protegido. Esto es lo que la gente no sensibiliza, refirió Luengo Creel.

Al cierre de esta edición, la determinación judicial ya había sido notificada mediante un telegrama a la junta local del Instituto Federal Electoral (IFE) en Tepic.

Sólo falta que el instituto proceda a dar de baja a Sánchez Martínez del padrón electoral. En tanto, las autoridades electorales de Quintana Roo estaban a la espera de que les llegara la notificación del juez Elorza.

Por la mañana, mediante un comunicado, el CJF –órgano disciplinario de jueces y magistrados federales– dio a conocer una nota informativa elaborada por el juez Elorza, quien refirió que tras haber valorado las pruebas que aportó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dentro de la averiguación previa PGR/SIE DO/ UEIDCS/063/2010, llegó a la determinación de que debe iniciarse proceso penal a Sánchez Martínez.

El auto de formal prisión se emitió a las 6:30 horas y el expediente quedó radicado con el número 122/2010-VI.

En las instalaciones del juzgado segundo, Juan José Treviño, secretario de acuerdos del órgano jurisdiccional, ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social El Rincón, donde Sánchez Martínez está recluido, dio lectura al comunicado del juez Elorza que fue difundido al país por conducto del CJF.

Treviño expuso que a Sánchez Martínez se le decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada; delitos contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento de la comisión o ejecución de los mismos, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de depósito, dentro del territorio nacional, de recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de alentar alguna actividad ilegal.