uando J. Stiglitz ratificó a La Jornada (29/5/10, p. 29) su crítica a la política de austeridad de Calderón ante la crisis financiera internacional, porque debilitaría la economía, lo relevante es que fue hecha por un ex economista-jefe del Banco Mundial (BM), empapado de las secuelas del recetario del BM-FMI y BID. Contra viento y marea, presidentes y hacendistas, es decir, los country managers de esas instituciones, (Salinas, Calderón, Carstens, etcétera) impulsaron el neoliberalismo con sus privatizaciones, extranjerizaciones, recortes al gasto social y los subsidios al campo, aumentos al IVA, a otros impuestos (menos a la cúpula empresarial exenta de esos cargos), a la gasolina y el diesel, con gran impacto en la población.

Lo más notable ha sido la continuidad PRI-PAN del modelo implantado hace 28 años. Quien revise el plan México 2030 Proyecto de gran Visión, pieza central del diseño sexenal de Calderón, cuyos documentos y análisis nos ofrece Nancy Flores, pronto descubre que es parte y parcela del blueprint vigente desde 1982, cuando se instaló el régimen fundado en la condicionalidad macroeconómica y por rama, atada a todas las líneas de crédito del FMI, BM y BID. El recetario oligárquico/imperial que esas instituciones, bajo la égida de la Casa Blanca, nos dosifican de aquí al 2030 por medio del PRI-AN, es una suerte de economía caseta de cobro (ECC), donde empresas extranjeras y nacionales estarían al mando y cobrarían por todo: desde el movimiento de las personas y mercancías, la investigación y desarrollo, el acceso a la información, la salud, educación, telecomunicaciones, carreteras, el servicio de agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural, etcétera.

No es asunto para el diván sicoanalítico sino para que una Corte Penal Internacional y un Congreso se pronuncien sobre crímenes de lesa humanidad y de lesa patria: en estos tres años de gobierno no sólo se desató una guerra al crimen organizado con una hipertrofia militar inadmisible en este tipo de campañas, que ensangrienta la nación con cerca de 25 mil bajas y masivas violaciones a los derechos humanos, desgasta las fuerzas armadas en funciones que no le corresponden y deja a la nación desarticulada, prácticamente sin defensa nacional, sino que, como apunta Flores, consolida a “…los monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo contra la protesta social” (Contralínea,7-III-10 p.23).

La ECC se articula por medio de asociaciones público-privadas, proyectos de prestación de servicios y obras públicas financiadas cubriendo áreas vitales: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educación, salud, seguridad pública, campo, vivienda y desarrollo urbano. En cada rubro las secuelas del outsourcing son ruinosas. En educación superior la investigación la realizaría el sector privado y no universidades públicas como la UNAM, mientras en infraestructura y servicios se afectan funciones esenciales. Antonio Aguirre Rojas es puntual al respecto: quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas (p. 25).

Detrás del blueprint en EU y México, están bancos y corredurías: según la American Society of Civil Engineers, en EU es un mercado multibillonario de 1.1 billón (trillion) de dólares.

A la ECC la impulsan el BM-BID; el Grupo Carlyle (Luis Téllez); Citigroup (Banamex); Blackstone Group, Deutsche Bank; Goldman Sachs; etcétera. En tiempo de crisis hay delirio con el flujo de caja asegurado por la Economía Caseta de Cobro.

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