Dentro de 10 años empezarán a registrarse algunos avances en la lucha contra la obesidad en la población mexicana, resultado de las recientes políticas anunciadas por el gobierno federal, estimó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila.

Dijo que actualmente se destinan 36 mil millones de pesos al sector salud para atender las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad, por lo que es mejor poner especial cuidado en la prevención.

Advirtió que de no tomarse medidas, como la regulación en los alimentos que se venden en las escuelas, se corre el riesgo de que los mexicanos pierdan –por primera vez en décadas– no sólo calidad de vida, sino mayor perspectiva en la esperanza de vida. Es decir, esta generación de mexicanos sería la primera que viviría menos que las anteriores.

Entrevistado luego de la presentación de la campaña Yo amo sin violencia, para advertir sobre las agresiones durante el noviazgo, el funcionario de la Secretaría de Salud subrayó que el problema del sobrepeso y la obesidad no se resolverá en la presente administración.

Nuestro compromiso es dejar el camino para que vaya en vías de solución. Creo que cuando menos tendremos que esperar 10 años para ver una reducción importante. La solución no es de inmediato. Es un problema de mercado, de estilos de vida que debe abordarse desde varias perspectivas, y así se esta haciendo, dijo.

Aclaró que el programa de activación física anunciado para todas las escuelas –se pondrá en marcha en el próximo ciclo escolar– durará un año, y habrá cambios en los libros de texto, a fin de formar una generación de mexicanos mejor informados en materia de alimentación.

Asimismo, señaló que hay un compromiso de los gobiernos estatales, ratificado hace algunos días, cuando todas las autoridades educativas y de salud se reunieron para reforzar las estrategias contra el sobrepeso y la obesidad. En esa fecha se anunció la decisión gubernamental de regular los productos que se venden en las escuelas de todo el país.

Hernández Ávila destacó que los secretarios de Salud y Educación de las diferentes entidades han expresado satisfacción con esta decisión, que refuerza, con un marco nacional, lo que ellos han empezado a hacer en sus respectivas estados para enfrentar la problemática.

Subrayó que las autoridades municipales también tienen una tarea que asumir, la cual está relacionada con el comercio ambulante ubicado afuera de las 250 mil escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

Es un problema complejo, pues si se considera que en las inmediaciones de cada uno de estos planteles hay cuatro vendedores informales, estamos hablando de casi un millón de personas que se ganan la vida así. Por eso la necesidad de involucrar el nivel de gobierno municipal. De hecho –precisó–, se están haciendo acuerdos para que empiece a cambiar también la oferta de alimentos en ese sector.

Respecto a las presiones que ejercen algunas empresas que podrían verse afectadas con esta decisión, el subsecretario reconoció que la dependencia ha recibida cartas de algunas de ellas. Estamos platicando; hemos recibido sus opiniones y comentarios. Aquí no hay perdedores; todos salimos ganando.

Consideró que el hecho de que la Secretaría de Salud fije las características que deben cumplir los alimentos que se venden en las escuelas le da a esta industria grandes oportunidades de negocio, pues tienen un mercado garantizado.