Santiago, 3 de junio. La justicia chilena inició la noche del miércoles la investigación de las primeras 100 querellas por ejecuciones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, presentadas por una agrupación de familiares de víctimas que anunció la entrega de más de mil casos en un plazo no mayor de cinco meses.

El juez Mario Carrozas señaló que indaga los primeros 100 casos entregados el martes, y que podría pedir apoyo de otros magistrados en la medida en que se admitan las denuncias restantes. Si fuera conveniente nombrar a otros jueces, se hará. Iniciamos la investigación y veremos en el camino cómo se resuelve este tema, dijo.

La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó a la justicia las primeras 100 querellas de un total de mil 179 casos sobre los que no existen procesos, y que exigen los asuma el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.

El ministerio nos dijo que no se iba a hacer parte en casos en que los familiares no estén o no quieran denunciar, pero moralmente tenemos el mandato de reparar a las víctimas. Manejamos mil 179 casos sobre los que nunca se abrió proceso. El martes presentamos 100 y el resto debe estar listo en cinco meses, dijo Alicia Lira, presidenta de la AFEP.

Añadió que hay mucha información sobre los casos, pero lo que parece que no existe es voluntad política para investigar. Esperemos que el ministerio reconsidere su posición porque esto demanda un gasto enorme para nosotros, subrayó.

La dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, dejó tres mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, y más de 500 militares de la época están procesados por estos casos criminales.

En otro asunto, la venta del canal de televisión Chilevisión, propiedad del presidente Sebastián Piñera, cuyo desprendimiento fue una promesa de su campaña electoral, fracasó en su última etapa de negociación con el fondo chileno de inversión privado Linzor Capital Partners.

La sociedad de inversiones Bancard, entidad mediante la cual el mandatario maneja la propiedad de Chilevisión, confirmó que los ejecutivos que manejan los negocios de Piñera y Linzor Capital pusieron término a las negociaciones por la televisora, la segunda más importante del país, que sería vendida por el mandatario en unos 130 millones de dólares.

Según medios de prensa, el fracaso de la venta está relacionado con el plazo de la concesión de la señal, que pertenece a la Universidad de Chile, y que aún tiene ocho años de vigencia. Chilevisión tiene un contrato de usufructo de la señal con la universidad desde 1993, cuando esa casa de estudios debió traspasarla a privados por motivos financieros.

El presidente Piñera tenía un plazo de 60 días para concretar la venta de la televisora tras el anuncio de la transacción, el 14 de mayo, luego de que la oposición y la oficialista Unión Democrática Independiente criticaron que el mandatario derechista mantuviera empresas que pudieran generar conflictos de intereses.