o importante es aparentar que hay empeño justiciero. Así sucedió en Ciudad Juárez, donde las cosas empeoraron luego que Felipe Calderón hubo de ir a la propia urbe fronteriza a anunciar una serie de ambiciosas metas a conseguir en cien días luego de los cuales la atención del fallido promitente se ha tenido que posar en los subsecuentes escándalos del México Rojo (tan incumplidos están los ofrecimientos de coyuntura hechos por FC que su secretario de disculpas y demagogia, Fernando Gómez Mont, prefirió confrontar a quienes pedían cuentas de la fábula de los cien días y acusar, a quienes critican, de provocar violencia y no entender que las cosas no pueden componerse o mejorar ni siquiera en los plazos anunciados soberanamente por el propio Calderón). El ocupante de Los Pinos brincó allá la aduana de la protesta social mediante blindaje militar, exclusión de grupos sociales incómodos en los actos oficiales, palabrería y mucho manejo mediático. Ahora sucede algo parecido con el caso ABC, cuyo aniversario de impunidad obliga al esposo de la señora Zavala Gómez del Campo a allegarse el mayor número posible de municiones de salva para simular que pone en el paredón a funcionarios culpables y que está dispuesto a actuar contra sistemas burocráticos criminales.

En la feria de fingimientos institucionales se representó este miércoles la propagandísticamente necesaria reunión de algunos padres de familia de niños muertos en la guardería ABC, se anunció que el 5 será día de luto nacional y se habló de que el propio Calderón estará en Hermosillo en el curso de las próximas semanas. Pero ayer se dio a conocer el dictamen de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que coloca al malabarista de gobierno ante la necesidad de confirmar en los hechos sus presuntos aires justicieros o sumar ese expediente a la pila de falseamientos producidos con el ánimo de apaciguar en lo inmediato, de darle contenido esperanzador a los discursos de ocasión.

Cierto es que la responsabilidad del curso que tenga el mencionado dictamen tendrá el pleno de una corte derechizada y cargada al calderonismo, y que las resoluciones inculpatorias hechas hasta ahora por un solo ministro pueden ser aprobadas, pero incumplidas y desdeñadas, como sucedió con el caso de Oaxaca y las reiteradas violaciones al orden constitucional habidas durante 2006 y 2007, pero Calderón no puede eludir el castigo, cuando menos político, a dos de sus cuadros preferidos: Juan Molinar Horcasitas, un sombrío grillo panista que se acomoda en cualquier cargo, sobre todo si no sabe nada de él, y Daniel Karam, miembro del grupito íntimo al que FC ha promovido ofensivamente a cargos de alta responsabilidad para los que no tiene la proporcional preparación. Lo menos que Calderón debería llevar a los padres de los niños muertos en Hermosillo sería la destitución de esos funcionarios y su consignación penal, que en el fondo sería el reconocimiento de su propia corresponsabilidad por la designación de esos personajes y la inadecuada supervisión de su nivel de eficacia.

El otro político mencionado en el dictamen de Zaldívar es Eduardo Bours, el empresario priísta que convirtió a Sonora en negocio familiar y en escaparate de frivolidades, clasismo e irresponsabilidad cotidianas. Pero ha de recordarse que Bours y su candidato a la sucesión, Alfonso Elías Serrano, fueron los damnificados electorales del incendio que ahora el polivalente secretario Gómez Mont insiste en que fue intencional, pero sin precisar nombres y bandería política de los presuntos causantes. Sonora parecía encaminada con facilidad a un triunfo del aspirante promovido por Bours, pero las llamas y las muertes de la guardería ABC generaron un vuelco que llevó al poder estatal al panista Guillermo Padrés.

En otro ejercicio de imaginaciones improductivas, ayer sesionó una vez más el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para continuar con las rondas de discursos, propuestas, creación de comisiones y otros entretenimientos similares. Algunas de las intervenciones resultaron pequeñas joyas de la demagogia y, a la luz de los infortunios que viven los pobladores de las áreas por ellos gobernados, ofensivas. Por ejemplo, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que duerme en El Paso, Texas, José Reyes Ferriz, arengó: Vayamos al rescate de nuestro presente y al blindaje definitivo de nuestro futuro con la determinación que el momento exige para derrotar la criminalidad que sin escrúpulos pretende arrancarnos el territorio nacional, y llamó a los alcaldes del país a unirnos en una sola bandera, la bandera de la ley, la bandera de la justicia, la bandera del orden, la bandera de México. El microgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, también se lució: Importa decir que la hora de México nos impone a todos pasar del diagnóstico a la acción, de una perspectiva de integralidad a la transversalidad, porque todos somos responsables y por eso es aceptable generar una dinámica que desde ahora contribuya a concretar cambios acumulativos que avancen gradualmente en la dirección correcta. No, pos sí. Rollo y más rollo, sin resultados verdaderos. En todo caso, se habilitó la nota de que avanza la idea de que haya policías estatales con mandos únicos, lo cual en los hechos no significa nada.

Y, mientras Fox le salta al cuello a la dupla Calderón-Nava, al criticar las alianzas perreánicas, augurar amplias derrotas del panismo en las urnas el mes próximo, y advertir que va a ser muy costosa esta elección, va a costar mucho tiempo al Partido Acción Nacional recuperar su posición ideológica, recuperar su posición de líder en la promoción democrática del país, ¡feliz fin de semana, con el instituto electoral de Quintana Roo que con celeridad ha ordenado la cancelación del registro de Greg como candidato, el retiro de su nombre de las boletas electorales y la suspensión de propaganda a su favor!

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