A pesar de los reclamos de PRD y PAN porque el Instituto Federal Electoral (IFE) fijará criterios violatorios de la ley para regular la difusión a escala nacional de los informes de los gobernadores, al resolver una queja contra el gobierno de Hidalgo, el organismo determinó no ejercer sus facultades en materia de radio y televisión y turnar la queja al instituto local, para que determine si el mandatario Miguel Osorio violó la legislación.

Aunque en rigor se trataba de una queja presentada contra la difusión del informe de gobierno de dicha entidad, el reclamo de fondo de perredistas y panistas era que el IFE pusiera fin a los excesos de gobernadores que difunden sus mensajes en las cadenas nacionales, violentando la restricción regional que establece la ley electoral. Pablo Gómez consideró ab- surdo que el IFE turnara a una autoridad de Hidalgo una queja que tiene impacto, por ejemplo, en las entidades donde actualmente hay procesos comiciales, afectando la equidad de la contienda.

Con el argumento de que los criterios impuestos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que limita al IFE a actuar en los casos de presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que regula la publicidad oficial, siete consejeros se pronunciaron por no entrar al fondo del asunto, a pesar de que sus pares Alfredo Figueroa y Marco Antonio Gómez Alcántar reprocharon que con tal decisión, virtualmente el instituto estaba renunciando a las facultades que le da la legislación electoral en materia de radio y televisión.

En este contexto, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, destacó la urgencia de que el Congreso elabore la legislación secundaria para que esta autoridad pueda ejercer plenamente sus facultades. Subrayó los vacíos legales que han impedido al organismo abordar de fondo las quejas promovidas por los partidos sobre presuntas violaciones en la difusión de propaganda oficial.

El consejero Virgilio Andrade argumentó la imposibilidad del IFE para actuar tras la imposición de criterios hecha por los magistrados, que circunscriben su actuación a que los hechos se ejecuten en el contexto de un proceso electoral federal. Sin embargo, no se detuvo en cuestionar todos los vacíos que la decisión del TEPJF ha dejado al impedir la actuación del IFE.

“¿Aun cuando se trate de asuntos de radio y televisión –facultad exclusiva del IFE–, las autoridades locales van a participar de ello?” –cuestionó Andrade, al referirse a la disposición de que el instituto turne a autoridades competentes los casos sobre violaciones en procesos electorales. Refirió que hasta ahora 16 gobernadores han utilizado el esquema de contratar en cadenas nacionales la difusión de sus informes.

En respuesta, Pablo Gómez acusó al IFE de renunciar a sus facultades al amparo de un criterio del TEPJF, pues si hay una violación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), tiene la obligación de pronunciarse. No puede turnar un caso al Instituto Electoral de Hidalgo (IEH) cuando la violación se concretó en otros estados, porque ésa es la única entidad donde la difusión del informe no implicó violar la ley, porque ahí no se transmitió.

A su vez, el panista Agustín Castilla reprochó que el IFE se allanara al caso, porque envía un mensaje negativo a los otros gobernadores, que ahora sabrán que en cualquier queja que se presente en casos similares, el IFE se declarara incompetente, argumentando el criterio del TEPJF.