n la edición más reciente de su semanal Análisis económico ejecutivo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) abogó por una rápida adopción de nuevas reformas fiscales y advirtió que de no actuarse en este sentido se corre el riesgo de crecer a tasas reducidas en años próximos. Asimismo, el centro de análisis sostuvo que en lugar de incrementar la carga impositiva, las autoridades deben corregir los desequilibrios en las finanzas públicas. Tal señalamiento es respuesta a una toma de posición emitida la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según la cual, si la sociedad desea que el gobierno invierta más dinero en infraestructura, deberá pagar más impuestos.

La postura del CEESP es parcialmente correcta. Como señala el documento referido, en años recientes los ingresos recaudados por el fisco son históricamente elevados y, sin embargo, la presencia gubernamental en materia de educación, salud, infraestructura y acciones de reactivación económica se ha angostado en proporciones también históricas. De hecho, en el curso de la crisis económica presente, el gobierno federal prácticamente ha dejado librada a su suerte a la mayoría de la población que menos ingresos recibe. Por otra parte, es imperativa la adopción de una política de austeridad y racionalización de recursos, no sólo por razones económicas sino también de gobernabilidad: uno de los más claros factores de irritación social es que los altos funcionarios, en lugar de emprender acciones orientadas a reducir la desigualdad, tienden a incrementarla al darse un nivel de vida lujoso y aun faraónico que contrasta en forma ofensiva con las carencias que padece la mayor parte de los mexicanos debido a las estrategias económicas que esos mismos funcionarios siguen aplicando.

Si bien el CEESP critica la persistencia de regímenes especiales en materia fiscal, omite el hecho de que tales regímenes, así como las omisiones oficiales en el cobro de impuestos, benefician en forma casi exclusiva a los grandes consorcios empresariales.

La falta de voluntad o de capacidad gubernamental para cobrar impuestos a empresarios privilegiados es un hecho reconocido por el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, quien en octubre del año pasado admitió que las empresas que más ganan rara, rara vez pagan impuestos en el país, y las exhortó a contribuir al fisco en los mismos términos que un dentista o un empleado.

A la luz de estos hechos, queda claro que las alzas a los servicios decretadas por el Ejecutivo y los incrementos a los impuestos que el Legislativo aprobó a fines del año pasado tuvieron como propósito hacer pagar a la mayor parte de la ciudadanía por la frivolidad y el dispendio de los altos funcionarios y por el astronómico incumplimiento fiscal de los más acaudalados consorcios privados.

Así pues, más que nuevas reformas fiscales, lo que México requiere es la voluntad política oficial para, por un lado, aplicar sobre la administración pública una verdadera austeridad republicana que ponga fin a derroches, subejercicios y desvíos, y por el otro, realizar un manejo fiscal riguroso, sistemático y apegado a derecho que obligue a los grandes consorcios a pagar los impuestos que les corresponden.