Ante la aparición de casos donde se vincula al crimen organizado con procesos electorales, atajar su crecimiento es un asunto de corresponsabilidad entre las autoridades competentes de enfrentar la delincuencia, los organismos electorales y, sobre todo, los partidos políticos, por lo que es necesario reforzar acciones para evitar que este nuevo fenómeno mine la credibilidad en los comicios, consideraron consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

La coordinación es fundamental para impedir que el sistema político resienta un desgaste innecesario derivado de acciones policiacas en medio de procesos electorales, indicaron.

Al citar el caso de Quintana Roo, el consejero electoral Marco Antonio Baños subrayó que las autoridades federales deberían evitar que se contaminen los procesos, porque las investigaciones tienen sus tiempos, y no es admisible que situaciones como éstas se generalicen, porque haría intransitables las elecciones del 2012.

Coincidente en la necesidad  de no detonar investigaciones judiciales en medio de procesos electorales, en la medida de lo posible, Alfredo Figueroa dijo que la presencia del crimen organizado tienen impactos importantes sólo a nivel regional. Sin embargo, es imprescindible enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada para evitar el desgaste institucional de los organismos y procesos electorales.

Para Arturo Sánchez, los casos recientes representan nuevos retos para la democracia mexicana y han implicado algunas acciones institucionales para fortalecer la fiscalización de los partidos y las campañas. Sin embargo, es claro que sin la corresponsabilidad de los partidos, difícilmente la autoridad electoral puede enfrentar con eficacia este fenómeno.

Sánchez destacó que existe la seguridad de que las elecciones son limpias en su organización, pero si surgen estos casos, hay que redoblar acciones para garantizar que realmente el voto ciudadano sea el que elija a sus gobernantes.

Es claro que en ocasiones los tiempos de los procesos judiciales no pueden detenerse en función de una coyuntura electoral, pero en la medida de lo posible deberían evitarse casos como el de Quintana Roo. Desgraciadamente vivimos en una etapa donde la delincuencia organizada ha alcanzado una mayor presencia y a veces esto no es posible hacerlo, añadió.

Baños recordó que a escala federal se realizaron acciones para blindar las campañas y evitar que el dinero sucio se introdujera en el proceso pasado, a pesar de lo cual se dio el caso del medio hermano del gobernador Leonel Godoy, quien aunque ganó no pudo tomar posesión por enfrentar un proceso judicial.

Destacó que son casos aislados y no un problema generalizado de partidos y candidatos, de ahí la importancia de que el fortalecimiento de las acciones en fiscalización se acompañe de una mayor coordinación con autoridades judiciales.

El IFE, dijo, ataca el posible flujo de recursos ilícitos en las campañas, pero hay que reflexionar acerca de la posibilidad de que las autoridades judiciales tengan mayor coordinación para que no haya, en lo posible, afectaciones a los procesos electorales y un desgaste innecesario.