La huelga de Cananea no es un asunto terminado. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, está celebrando con un triunfalismo anticipado, pero está muy equivocado: ni el sindicato minero está acabado ni este conflicto de huelga se va a quedar así. El funcionario engaña y festina diciendo que los trabajadores no pueden hacer ya nada, pero todavía hay vías legales para enfrentar esta vergonzosa e histórica agresión del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo el líder del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista telefónica desde Canadá, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos adelantó que se presentarán recursos legales ante instancias nacionales e internacionales. Se preparan dos amparos: uno por la ocupación ilegal de la mina de Cananea por parte de fuerzas federales y otro contra las bases seudo legales en que se fundamentó la terminación de la huelga; además, se va a presentar una ampliación de la queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los trabajadores tomarán acciones importantes en los próximos días.

Según advirtió, la toma de la mina 8 Pasta de Conchos se debe a que Grupo México quiere sellar las evidencias del crimen contra los 65 mineros muertos, por lo que el sindicato estudiará qué procede legalmente para evitar el encubrimiento de los hechos que llevaron a la muerte a estos trabajadores.

Por otra parte, Gómez Urrutia se refirió a los ofrecimientos gubernamentales a los trabajadores de Cananea para que acepten una generosa liquidación y la promesa de que serán inmediatamente recontratados. Todo esto, dijo, es un timo para los trabajadores, y ellos lo saben, por lo que ya tomaron el acuerdo en conjunto de no aceptar sus finiquitos. Tienen además el antecedente de que a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas los engañaron con una supuesta contratación que nunca llegó. Los mineros ya aprendieron que este gobierno y el secretario del Trabajo siempre les mienten, expuso.

“Lozano se llena la boca al hablar de inversiones millonarias –que entre otras cosas serán para la empresa, pero no para beneficio de los trabajadores–, siendo que nunca ha visto por una indemnización decente para las viudas de los mineros.”

Al preguntarle respecto de lo que ha declarado el secretario del Trabajo, sobre que la toma de la mina de Cananea es un hecho consumado y no hay recursos legales que pueda utilizar el sindicato, Gómez Urrutia respondió que Lozano no puede ocultar su alegría de haber entregado la mina a Grupo México. Su celebración habla de la sumisión que le tiene a este consorcio, pero no está todo terminado, está muy equivocado.

Lozano Alarcón siempre ha usado la técnica de celebrar todas las resoluciones y actos que afectan a los trabajadores; ha aplaudido cada vez que declararon inexistente el movimiento de huelga de Cananea y ahora habla de recursos multimillonarios para esa empresa y sorprende la manera tan cínica y tan burda de su actuar, sobre todo cuando el gobierno siempre les estuvo regateando hasta un peso a las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, cuando no ha hecho lo mínimo por cumplir con la única demanda de sus deudos, que son los cuerpos de sus familiares. En el caso de Cananea es una vergüenza su triunfalismo, pues no se aguanta para ir a cobrar el bono que seguramente le ofreció Grupo México por sus servicios.

Respecto de cuándo vendrá a México a enfrentar personalmente toda esta situación, Napoleón Gómez Urrutia comentó que todos los cargos falsos en su contra han caído, pero el gobierno ha tomado la decisión de volver a presentar las mismas acusaciones para impedir que quede exonerado.

El líder minero resume que de todas las agresiones que ha sufrido el gremio que encabeza se lleva un monumento al servilismo, al entreguismo la toma de Cananea, ya que estamos regresando, a cien años de la Revolución, a un hecho histórico otra vez por una actitud neoporfirista para agredir los derechos básicos de los trabajadores, como el de huelga, sin importar violar el marco constitucional. Es verdaderamente indignante ese retroceso histórico, el cual está siendo condenado no sólo al interior del país, sino en varias partes del mundo, por organizaciones sindicales, políticas y sociales.

Gómez Urrutia concluye que lo más grave es que para perpetrar la terminación de las relaciones laborales se hizo un gran montaje, una simulación en la que participaron la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Economía, que dio fe de que la mina había sido desbaratada y se había dejado inservible, lo cual es mentira, y se involucró hasta a la Suprema Corte de Justicia, que dio un fallo en contra de los derechos de los trabajadores.