Unas treintena de mujeres triquis de San Juan Copala y medio centenar de estudiantes e integrantes de organizaciones civiles realizaron ayer una jornada de protesta para apoyar a la caravana humanitaria que partió de la ciudad de México al municipio autónomo oaxaqueño de San Juan Copala.

En Casa Oaxaca, que alberga la representación del gobierno de esa entidad en el Distrito Federal, los estudiantes y las mujeres tapizaron alrededor del inmueble con dibujos de pares de ojos: es para decirle al gobernador Ulises Ruiz: te estamos vigilando.

Después de varias horas de la protesta en Casa Oaxaca, los manifestantes salieron en marcha por el Paseo de la Reforma para dirigirse al Hemiciclo a Juárez. Marchaban por uno de los carriles centrales, cuando un grupo de granaderos les salió al paso, antes de cruzar Insurgentes, y con sus escudos los empezaron a replegar hacia la banqueta.

Hubo forcejeo, gritos, empujones y golpes con los escudos a varias mujeres. Los granaderos replegaron la marcha hasta el carril lateral. Los manifestantes continuaron el paso y llegaron al Hemiciclo a Juárez a las 15:30, donde realizaron una conferencia.

Rechazo

Por la tarde, al enterarse de que la caravana humanitaria no pudo continuar su paso hasta San Juan Copala debido a que los paramilitares lo impidieron, el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, aseveró: esto confirma que hay grupos armados que o están fuera de control o son protegidos por el gobierno de Oaxaca.

David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, destacó en entrevista: hay una responsabilidad clara de los gobiernos federal y estatal. No podemos concebir que un grupo armado tenga más poder y control en esa región que ambos gobiernos.

Peña abundó: lo que estamos viendo es que en esa región de Oaxaca hay ausencia del estado de derecho. No hay presencia del Estado que controle la situación; ahí quien manda es un grupo armado, es claramente paramilitar. Sin duda ambos gobiernos tienen responsabilidad.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, manifestó que la situación es preocupante. “Parece que San Juan Copala es una región fuera de control gubernamental federal y estatal. Es una especie de estado gobernado de facto. No puede ser que un grupo paramilitar esté por encima de las instituciones”.