Las organizaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) demandaron al gobierno federal impulsar un nuevo pacto rural que sirva para detonar el desarrollo del sector, transformar y fortalecer a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), crear un banco campesino, y que la Procuraduría General de la República atraiga y esclarezca el asesinato del líder agrario Margarito Montes Parra, ocurrido el año pasado en Sonora.

En la conmemoración del 21 aniversario del CAP, efectuada en el Auditorio Nacional con la realización del foro La transformación y modernización del sector agrario en México –cita a la que fueron llevados unos 10 mil campesinos para demostrar el músculo de esa central–, líderes de estas agrupaciones exigieron también que el Procampo sea transformado para beneficio de los hombres del agro.

Expusieron que no sólo se debe depurar el padrón y sacar de él a quienes no deben recibirlo, sino sumar a aquellos que deben estar en el listado. No podemos permitir que caciques, gobernadores y hasta narcotraficantes se lleven 80 por ciento del Procampo, señaló José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática, ante los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de la Sagarpa, Francisco Mayorga; de la Secretaría de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, y de la SRA, Abelardo Escobar Prieto.

Antes, Humberto Serrano Pérez, secretario general de la Confederación Agrarista Mexicana, criticó que del presupuesto para el campo, que es de 266 mil millones de pesos, la iniciativa privada se lleve más de 80 por ciento”; nosotros no llegamos a 20 por ciento y somos millones”.

Escobar Prieto dijo que la SRA debe seguir modernizándose para que la tierra sea un verdadero medio de trabajo” y añadió que Zapata no luchó para ver pueblos abandonados y campesinos paupérrimos.

Al remarcar que gracias a la gestión de la SRA se han solucionado 544 conflictos, lo que equivale a uno cada 48 horas, se han logrado alianzas productivas mediante mil 704 contratos, lo que representa una inversión de 33 mil 600 millones de pesos para beneficio de 79 mil sujetos agrarios, algunos inconformes le gritaron: ¡no es cierto! Y cuando aseguró que 92 por ciento de ejidos y comunidades están debidamente certificados en la tenencia de la tierra y que la integración del Catastro Rural Nacional tiene un avance de 39.5 por ciento, otros gritaron: ¡mentira!

A medida que se anunciaba la intervención de más y más oradores (cinco horas permanecieron los campesinos en el auditorio), la impaciencia y el hambre atizaron las rechiflas, dirigidas no sólo a funcionarios, sino también a dirigentes campesinos, a los que instaban a terminar sus discursos.

Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, aseguró que el campo está destrozado y criticó la dependencia alimentaria que ha provocado la actual política agraria, por lo que demandó una nueva política y trato del gobierno federal hacia el campo y, parafraseando el eslogan gubernamental, dijo que esto no es para vivir mejor, sino bien.

Juan Leyva Mendívil, de la Alianza Campesina del Noroeste, agradeció la presencia de Gómez Mont, y aseguró que en el CAP no hay líderes corruptos, lo que desató sonoras rechiflas.