an llegado a mis manos varios documentos relacionados con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo titular es Miguel Ángel Toscano. Uno que me llamó la atención se refiere a la reunión privada de esta comisión con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), a la que está afiliada la Asociación Mexicana de Investigación de la Industria Farmacéutica (AMIIF). En ésta participan los laboratorios trasnacionales existentes en México (Abbot, AstraZeneca, Bayer, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline y varios más).

Dicho documento, que se considera confidencial, señala que el 14 de abril de este año el comisionado Toscano agradeció a la Canifarma el apoyo recibido por la Cofepris para renovar los espacios en que se realizan las juntas de aclaración entre la autoridad y los industriales. Como Toscano mencionó que no tenía presupuesto ni personal para dotarlas de equipos de audio y video, la AMIIF, según se dice, se comprometió a financiarlos e instalarlos. A cambio de tales bondades, Toscano ofreció darles prioridad para atender a sus asociados, es decir a los laboratorios farmacéuticos trasnacionales. Acto seguido, Toscano mencionó, como de paso y de acuerdo con la misma versión, que tampoco tenía recursos para garantizar la seguridad de las pruebas de formulaciones de medicamentos (los datos científicos aportados por los laboratorios para la certificación de medicamentos), y la AMIIF ofreció comprarlos e instalarlos también.

¿Será verdad? No me toca a mí comprobarlo. Pero si es cierto, se trataría de un conflicto de intereses que deberían analizar la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, por lo menos en lo que respecta a inhibir y sancionar las prácticas corruptas. Lo sucedido no es raro: tratándose de los gigantes farmacéuticos todo puede ocurrir pues, aunque ciertamente promueven la investigación, lucran con la salud –como lo expresó en estas páginas Asa Cristina Laurell–. La prestigiada British Medical Journal ha revelado que varios de los consejeros contratados por la desprestigiada Organización Mundial de la Salud para atender pandemias de influenza recibían dinero de laboratorios beneficiados por la venta de antivirales como Tamiflu de Roche y Relenza de GlaxoSmithKline (Reforma, 5/06/10). Se trata, al igual que en México, de conflicto de intereses y de corrupción.

Otro documento que me llegó es un video de la reunión de trabajo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la Cofepris y los representantes de las asociaciones de productores de medicamentos e insumos médicos existentes en el país. En esa reunión, celebrada el 19 de marzo de 2009, se discutió sobre el artículo 376 de la Ley General de Salud y el problema de los tiempos y los requisitos que la Cofepris les impone a los laboratorios para registrar sus productos farmacéuticos o renovarlos.

Es interesante hacer notar que los representantes de los laboratorios nacionales no estuvieron de acuerdo con los tiempos fijados por la Cofepris; sí, en cambio, los de las empresas trasnacionales La versión original del artículo 376 señalaba que la Secretaría de Salud otorgaba los registros de medicamentos, etcétera, por tiempo indeterminado. Con la reforma del 24 de febrero de 2005 se estableció que la vigencia de los registros sería de cinco años prorrogables por plazos iguales a solicitud de los interesados.

El problema se agudizó porque precisamente este año, en febrero, se cumplió el plazo para renovar registros. Cada registro, por lo que he podido averiguar, implica en su proceso un gasto que va de medio millón de pesos hasta más de un millón por cada producto. El problema principal, según entiendo, es que si se sigue el protocolo para el registro y éste es negado por la autoridad, por no seguir lineamientos que no son oficiales sino establecidos en el portal electrónico de la Cofepris, el laboratorio afectado pierde el dinero gastado. Lo que demandan los laboratorios mexicanos es que se establezcan los reglamentos y lineamientos para realizar la renovación de los registros y que éstos sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para darles validez y certeza jurídicas y no dejar a criterio de la autoridad (como ha ocurrido) los cambios que puedan sufrir en su página electrónica según lo decida Miguel Ángel Toscano. También, obvio, se demanda que, una vez publicados los reglamentos en el DOF, se amplíen los plazos legales para llevar a cabo las solicitudes de registro y de renovación de sus productos.

Los laboratorios trasnacionales no tienen problema porque la Cofepris les acepta el certificado de la autoridad competente del país de origen si la Secretaría de Salud tiene celebrado un acuerdo de reconocimiento en materia de buenas prácticas de fabricación, como es en la mayoría de los casos (para no decir en todos). En cambio los laboratorios nacionales tienen que cumplir con un protocolo sin certidumbre jurídica y hasta aceptar visitas de verificación in situ. Se pasa por alto que algunos fármacos ya retirados o en vías de ser retirados en países desarrollados se venden sin problema y sin las debidas advertencias en México. ¡Son trasnacionales, faltaba más!

La opinión jurídica del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias del Poder Legislativo señaló el 3 de octubre de 2008 que, por no haberse publicado la regulación específica para la renovación de los registros sanitarios, se habían perdido (para 2008) tres años del plazo señalado. En 2010 se han perdido los cinco años de plazo y Toscano no cede, argumentando que es innecesario hacer un reglamento de un reglamento y que no es obligatorio que se publique en el DOF. Los únicos que pueden perder con estas medidas, y mucho, son las industrias farmacéuticas nacionales que dan empleo directo a más de 40 mil trabajadores (incluidos científicos y técnicos) e indirectamente a alrededor de 200 mil mexicanos.

No debería extrañar a nadie que Toscano esté siguiendo la pauta de quien le dio el puesto (Felipe Calderón), pues su política de fomento a las inversiones, al igual que en el sexenio pasado, privilegia al capital trasnacional en México. Pero que no extrañe no significa que se esté de acuerdo. El país ha podido constatar a lo largo de varias décadas que el capital trasnacional, además de sacar del país buena parte de sus ganancias, es volátil y no vacila en cambiar de lugar si se forman sindicatos, si se exigen mayores salarios y si no lo tratan con la cortesía que su mentalidad imperialista espera del tercer mundo.

Una vez más, la industria nacional está en peligro gracias al entreguismo del gobierno actual, y esto debe saberse.