Pobladores de la comunidad de Tecoanapa, en la costa chica de Guerrero, denunciaron que desde hace 120 días carecen del servicio de agua potable debido a que las autoridades del ayuntamiento ofrecieron, con fines electorales, el recurso a otras cinco comunidades que no cuentan con una concesión legal para extraer el líquido del arroyo Las Cazuelas.

Tecoanapa tiene una concesión por 50 años otorgada en 1976 por la Comisión Nacional del Agua para el uso del líquido de Las Cazuelas; sin embargo, las dos anteriores gestiones municipales (PRD) y la actual, encabezada por Juvenal Poblete, ofrecieron instalar tuberías para esas comunidades que se abastecen del río Zalpatlahua, el cual es más grande que el arroyo, aseguró Baldomero Mendoza, presidente del Comité por el Agua Potable de Tecoanapa.

Denunció que este sábado el munícipe pretende realizar una asamblea comunitaria, con sus allegados para modificar los lineamientos del uso del líquido en la región y que se apruebe de manera definitiva que las comunidades Mecatepec, Barrio Nuevo, El Carrizo, Tepintepec y el Guayabo gocen del agua de Las Cazuelas.

El representante de la comunidad afectada aseveró que desde hace meses su pueblo, de 13 mil habitantes, se encuentra sin servicio de agua debido a que por las diferencias con los habitantes de las cinco comunidades que pretenden ser beneficiadas, bloquearon el canal que distribuía el líquido hasta Tecoanapa.

El conflicto es sólo político, los ex alcaldes perredistas Ignacio Luna y Álvaro Morales, así como el actual (del PRI), ofrecieron el agua a esas regiones a cambio de votos, denunció Mendoza.

Inclusive presentó una carta compromiso con el logotipo del Revolucionario Institucional, en la que el actual edil se compromete con los cinco pueblos referidos a dar seguimiento al proyecto de agua potable, siempre y cuando el voto me favorezca.

Ante esto, los habitantes se han visto en la necesidad de pagar entre 120 y 150 pesos para que el agua les sea suministrada en tinacos de 200 litros, cantidad que les dura de cuatro a cinco días. Mientras el servicio mensual les representaba un costo de 10 pesos al mes. Informó que aun cuando han tramitado varias denuncias estatales como federales, ninguna autoridad ha dado respuesta.

Mendoza manifestó su preocupación porque las autoridades municipales utilicen la fuerza pública para resolver el conflicto, pues en víspera de la asamblea de este sábado han llegado varios policías estatales y antimotines.