Hermosillo, Son., 12 de junio. The McMullen Company, empresa que realizó el peritaje solicitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el incendio que consumió la guardería ABC, considera demandar al también perito estadunidense David Smith por decir que el fuego se inició de forma intencional en la bodega contigua, dijeron en conferencia de prensa padres integrantes del Movimiento Ciudadano 5 de Junio.

Hay elementos extraños alrededor del recién aparecido y muy publicitado peritaje, que podría buscar la exculpación de funcionarios federales como Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo y otros responsables, por señalar que manos extrañas causaron la conflagración, dijeron los padres de ocho menores fallecidos.

Este viernes nos hablaron representantes de McMullen para solicitar información sobre sedicentes expertos que buscan minimizar el trabajo pericial de la empresa contratada por la Suprema Corte, a fin de considerar con su equipo de abogados una eventual demanda en cortes de Estados Unidos, dijo Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, padre de una de las 49 víctimas mortales del incendio.

El peritaje realizado por David Smith es respaldado por los padres de dos niños fallecidos y hace parecer intencional el incendio en la bodega que rentaba la Secretaría de Hacienda estatal, para eximir de culpas a los funcionarios federales y ex funcionarios estatales, quienes actualmente operarían en conjunto para escapar de la justicia, incluso presionando a los ministros de la Suprema Corte que este 14 de junio se pronunciarán sobre el caso, indicó.

Repudiamos categóricamente los intereses oficiales orientados a desviar a la Corte de la identificación de los responsables, y los patéticos cabildeos iniciados ante los ministros por el ex director del Seguro Social y su sucesor en funciones, Molinar Horcasitas y Karam Toumeh, respectivamente; así como del ex gobernador Bours y el ex director de Protección Civil estatal, Willebaldo Alatriste, entre otros, dijeron también los padres en un comunicado.

Ellos tratan de torcer la recta aplicación de justicia con apoyo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añade el documento suscrito por más de 20 padres.

Ese presunto peritaje es esgrimido por el secretario de Gobernación pero se ha mantenido en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) sin anexarse a la averiguación previa, y ahora se usa para crear un ambiente de confusión, precisamente cuando la Suprema Corte actuará conforme a su facultad investigadora para determinar si en el caso de la guardería se violaron gravemente las garantías individuales, añade el documento.

Tal peritaje es una prueba sujeta al cuestionamiento, impugnación y contradicción de la contraparte y falla en buscar la exculpación pues aunque se tratara de un incendio intencional no puede atenuarse la responsabilidad de los imputados, consistente en permitir la operación irregular de la guardería y tolerar que los dueños eludieran las obligaciones de seguridad, argumentaron.