Ejidatarios de Santa María Tonantzintla, Puebla, acusarpn al gobierno del estado de habderlos despojado de las 144 hectáreas donde actualmente se asienta el exclusivo fraccionamiento La Vista Country Club.

Documentos mostrados a este diario dan cuenta de que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una investigación penal contra el gobernador priísta Mario Marín Torres, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, Javier López Zavala, y el aspirante priísta a la alcaldía de la capital del estado, Mario Montero Serrano, por falsificación de documentos para acreditar la propiedad de los terrenos a fin de venderlos al empresario Carlos Peralta.

El comisario ejidal Raymundo Camilo Técuatl Tecuapetla y el regidor de Tonantzintla, Luis Alberto Quétchol Varela, acompañados por el abogado Sergio de Alba, explicaron que en 1992 el gobierno del estado los despojó de sus tierras, por lo cual interpusieron ante el Tribunal Superior Agrario en Puebla una denuncia que sigue vigente.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, en 2006 promovieron un juicio de amparo ante el juzgado cuarto de distrito del estado, donde –aseguraron– Mario Marín y Javier López Zavala, este último en calidad de secretario de Gobierno, presentaron documentos notariados por Montero Serrano que resultaron ser falsos, entre ellos una escritura pública. Relataron que el juez notó anomalías en los documentos y solicitó un peritaje, luego del cual la escritura pública fue invalidada por la grave alteración derivada de la adición y supresión de texto en sus partes más importantes.

Además, aseguraron, se cometieron diversas violaciones a la Ley de Amparo, por lo cual se interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría de Control de Procedimientos Penales de la PGR.

El viernes pasado, la defensa de los ejidatarios solicitó a la dependencia consignar el expediente a un juez federal para que se libre orden de aprehensión por violaciones al artículo 204 de la Ley de Amparo, falsificación de documentos y falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial.

Los ejidatarios también promovieron una demanda de restitución de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario, sin importar las construcciones y accesorios que se encuentren sobre ellas.