A un mes del plagio de Diego Fernández de Cevallos, los órganos de inteligencia del gobierno federal siguen sin pistas del grupo que privó de la libertad al litigante, indicaron fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional, tras reconocer que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal también detuvo sus investigaciones, las cuales realizaba sin la aprobación de la familia del ex senador panista.

El 14 de mayo, alrededor de las 22:30 horas, fue secuestrado Fernández de Cevallos de su rancho La Cabaña, que se localiza en el municipio Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.

El gobierno federal desplegó inicialmente todas las instancias de inteligencia civiles y militares, al igual que la Policía Federal, tratando de localizar el paradero del ex senador.

Sin embargo, las investigaciones ministeriales se suspendieron desde el 22 de mayo, un día después de que públicamente trascendió que el grupo de plagiarios así lo exigió a la familia del político y ésta al gobierno federal.

Las autoridades han podido reconstruir únicamente lo que el político hizo el día del plagio hasta el momento en que fue privado de su libertad junto a la puerta de acceso de la casa principal del rancho. Entre otras, que se reunió con sus amigos Carlos Loyola Vera, Luis Cabrera y los hermanos Diego y David Fernández Gutiérrez. Asimismo, que el grupo de secuestradores esperó a que descendiera de su camioneta para someterlo; le extrajeron del cuerpo el chip que permitiría su localización satelital, y luego se lo llevaron de La Cabaña sin que, aparentemente, nadie se percatara.

La familia de Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, han mantenido en secreto el contenido y número de los mensajes recibidos del grupo de secuestradores, así como las negociaciones sostenidas; sin embargo, ha trascendido que la exigencia económica para su liberación asciende a 50 millones de dólares.