La emboscada del crimen organizado contra la Policía Federal, que provocó la muerte de 12 agentes y una veintena de heridos, nos pone frente a un elemento donde el pacto de impunidad que ha venido operando tiempo atrás ha dado resultados catastróficos, sostuvo ayer Guillermo Garduño Valero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en fuerzas armadas.

La forma en que se dio ese ataque frontal contra los policías implica que la información fue sustraída de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Los sicarios sabían perfectamente cuántos elementos iban en el convoy, qué tipo de armamento traían, cuál era la ruta que iban a recorrer y, por tanto, en qué punto de la carretera iban a quedar totalmente desprotegidos.

Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas de seguridad y narcotráfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que la presencia policiaca en esa zona no tiene mucho futuro si no hay un sistema de interlocución más eficaz entre las corporaciones de los gobiernos federal y estatal.

Explicó que este episodio refleja que se filtra información a los cárteles del narcotráfico sobre movilizaciones, operativos y misiones que realizan ambas corporaciones en Michoacán. El nivel de confiabilidad de la información de inteligencia y de cooperación policiaca que se está dando entre los gobiernos federal y estatal parece estar en pleno deterioro; muestra que hay una grieta importante donde el crimen organizado dispone de información.

Esa emboscada, agregó, es parte de una estrategia de hostigamiento del cártel de La Familia en donde hay fuerte presencia policiaca y militar.

Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, aseguró que el exceso de impunidad que impera en México desde hace varias décadas, aderezado con la corrupción endémica en las instituciones públicas y los cuerpos policiacos, han permitido que los grupos criminales asuman un poderío imperante que tiene postradas a las fuerzas del Estado mexicano, el cual se ha convertido en un verdadero Estado fallido.

El crecimiento de la delincuencia organizada obedece en gran medida a la enorme corrupción política que impera en el sector público. La corrupción al más alto nivel de los funcionarios que forman parte del partido del Presidente de la República y de los de oposición.

El jefe del Departamento de Estudios de Procuración de Justicia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Héctor Manuel Pedroza Rosales, aseguró que éste no es el primer caso de filtraciones y que el problema de seguridad debe atenderse de manera estructural, al margen de las diferencias electorales.

Deberían elaborarse estrategias de manera coordinada, comprometerse realmente con las reformas que deben existir en cuanto a la profesionalización de los cuerpos policiacos y llegar a acuerdos políticos para solucionar el tema de la seguridad pública.