El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, se pronunció por fijar responsabilidades a los padres de menores infractores que no se limiten a la reparación del daño, sino incluyan la recomposición del tejido social.

Al señalar que se ha detectado un incremento de casos de menores que participan en actividades delictivas, principalmente robo a transeúnte, el funcionario aclaró que no se trata de tomar medidas represivas, sino de que los tutores se incorporen a los tratamientos que se dan a estos jóvenes, como terapias o pláticas para su reinserción en la sociedad, práctica que se ha llevado a cabo con éxito en otros países, explicó.

Entrevistado luego de firmar un convenio con la agrupación Cauce Ciudadano para la promoción del desarrollo humano y prevención de problemas sicosociales en jóvenes, dijo que es necesario reformar la Ley de Tratamiento para Adolescentes para que sea obligatorio que los padres de menores infractores cumplan este acompañamiento, por lo que se trabaja con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en este sentido.

Mancera Espinosa explicó que se ha observado que grupos delictivos buscan atraer a jóvenes de entre 15 y 16 años, que tienen mucho más ímpetu, menos inhibidores y pueden realizar las actividades (ilícitas) con mucho mayor facilidad.

Ante esta situación, afirmó, se han fortalecido estrategias como la impartición de pláticas en las escuelas, pero igualmente se trabaja en la búsqueda de mecanismos para responsabilizar también a los padres del actuar de sus hijos que sirva no para reprimir, sino para recomponer el tejido social.

Es decir, agregó, no se trata de que únicamente haya una reparación del daño, sino también que el padre y la madre acompañen al joven en las terapias y actividades que forman parte de las medidas impuestas a los menores infractores, con el fin de que conozcan cuál es la verdadera problemática.

El procurador capitalino dijo que en la mayoría de los casos de adolescentes responsables de un delito, hay una negación de los padres a reconocer el problema, y en muchos de los casos la solución se queda en un aporte económico para poder librar el momento, pero no hay un acompañamiento ni por la conducta ni los antecedentes del propio joven.

Lo importante es que los actores del gobierno podamos tener, mediante las leyes, una interacción para mostrarles a los padres cuál es el mejor camino para encontrar una solución a la conducta realizada, indicó.