Madrid, 16 de junio. El gabinete español aprobó por decreto la cuestionada reforma del mercado laboral, pero el proyecto, con el que se busca dar impulso a la alicaída economía, deberá ser ratificado en el Parlamento, donde el gobierno no tiene mayoría. El decreto incluye pagar menos por el despido al generalizar un contrato con indemnizaciones más bajas y ampliar las aportaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los despidos.

Por ello el ejecutivo del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a su primera huelga general, convocada por los sindicatos el 29 de septiembre, y al rechazo de los partidos, que deben votarla el 22 de junio en el Congreso.

A la alta tasa de desempleo en España, el doble que la media de la Eurozona, se unen los recortes de empleos que aplicarían las cajas de ahorros españolas, en proceso de fusión para bajar costos, y que podrían afectar a 15-20 por ciento de sus trabajadores, es decir, a entre 12 mil y 30 mil empleados, según los medios españoles.

La resolución entrará en vigor el jueves, aunque el Ejecutivo prevé que se modifiquen algunos aspectos del decreto durante la tramitación parlamentaria, ya que ha dejado fuera del texto algunos asuntos, como la creación de un fondo de capitalización para financiar el despido que estaba incluido en el borrador del proyecto.

Tras la previsible convalidación parlamentaria del próximo 22 de junio, el gobierno del PSOE confía en obtener el apoyo de diversas formaciones parlamentarias en la tramitación del proyecto de ley.

El gobierno confía en que una reforma como ésta (...) pueda hacerse con el mayor grado de acuerdo (...) estos días hemos contactado con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus criterios de fondo, criterios que en algunos casos incluso se han incorporado ya a la iniciativa que aprobamos hoy, dijo la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La aprobación de la reforma laboral ha sido el detonante definitivo en la ruptura entre el gobierno y los sindicatos. Tras varios años de buenas relaciones con el gobierno, los sindicatos han convocado a una huelga general para el próximo 29 de septiembre.

La reforma que se publicará el jueves en el Boletín Oficial del Estado abarata el costo del despido al generalizar el contrato de fomento del empleo –que permite despidos con 33 días de indemnización frente a los 45 habituales– a la gran mayoría de los contratos.

Queremos que este contrato sea una auténtica alternativa, dijo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para explicar que los trabajadores despedidos de entre 31 y 44 años de edad podrán ser también recontratados bajo la fórmula de fomento de contratación.

Por otra parte, las cajas de ahorro españolas han pedido 11 mil millones de euros de ayuda para completar varias fusiones que implicarán la supresión de trabajadores, indicó el Banco de España. Tras finalizar el martes el plazo para que las cajas pidieran ayuda al Fondo de Restructuración ordenada Bancaria (Frob), éstas se elevan a unos 11 mil millones de euros, precisó un portavoz del banco central de España.