n el Tribunal Electoral del Distrito Federal se deja sentir ya el resultado de un proceso de irregularidades –así las llamaremos, por lo pronto– que apuntan a la descomposición de ese importante órgano de impartición de justicia local.

Información proporcionada a Ciudad Perdida da cuenta de esa situación. A punto de recibir a una nueva magistrada, debido al retiro vergonzoso del ex magistrado Miguel Covián Andrade, la contraloría general del mismo tribunal recibió el 15 de junio pasado, poco antes de las 11 horas, una denuncia en la que se solicita investigar a fondo los bienes de una de las aspirantes fuertes a ocupar la silla que quedó vacante.

Se dice en la denuncia que la señora Miriam Marisela Rocha Soto, actual coordinadora de la ponencia del magistrado Alejandro Delint García, mintió en su declaración de bienes patrimoniales, la que presentó ante la contraloría. Precisa la denuncia que no dio fe de una serie de ingresos, entre los que sobresalen los de su cónyuge, Juan Martín González Carrillo. Agrega que incumplió con el deber de declarar los ingresos personales de su cónyuge y sus dependientes económicos, cuando fue precisamente que, por omitir datos en su declaración patrimonial, se removió del cargo a Miguel Covián.

La denuncia está apoyada, según el documento, en las declaraciones de situación patrimonial de la señora Rocha Soto de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, además de los estados de cuenta bancarios de ella y su marido, los cuales, según se dice, pueden ser solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que podría llamarse impedimento técnico para que la señora llegara a la magistratura. Pero existe, no puede faltar, el sesgo o los elementos de orden político que se añaden a la misma denuncia.

El documento ingresado a la contraloría advierte que en el Tribunal Electoral capitalino existe tráfico de influencias, en el que está involucrado el principal apoyo de la señora Rocha: el magistrado Alejandro Delint García, a quien se acusa de haber sido impuesto por la tribu perredista de Nueva Izquierda, aunque después sus afectos tribales cambiaron y se pasó al bando del ex perredista René Bejarano, desde donde se impulsa la candidatura de la señora Rocha Soto.

Es muy posible que la denuncia sea otra de las muchas que seguramente recibe la contraloría, pero al parecer empieza a señalar una serie de irregularidades de las que podremos poner al tanto al lector en próximas entregas, porque existen datos que hablan, incluso, de malos manejos financieros, por ejemplo, en ciertas obras que realiza el tribunal.

Para nadie es secreto que estos órganos realizan manejos poco escrupulosos en su quehacer, pero todo hace indicar que esta vez, con información del mismo corazón del organismo, algunos ciudadanos se lanzarán a luchar porque se frenen los males que al parecer aquejan al tribunal. Buena suerte.

De pasadita

Y ya que andamos en eso de las denuncias, permítame comentarle de la que recibió hace unos días la Comisión Nacional de Garantías del PRD para impugnar el inicio de la campaña nacional de refrendo y afiliación de ese partido, que se inició el 5 de mayo pasado, para que se suspenda de inmediato el proceso, y se practique una auditoría a fin de deslindar responsabilidades, ante la presunción, fundada, de un proceso de asignación viciado de origen para beneficiar a la empresa Grupo Gane, a fin de resultar impuesta para la elaboración del padrón y el cobro millonario correspondiente.

Del asunto ya hemos hablado en este mismo espacio, dado que la empresa denunciada podría beneficiar a uno de los más conspicuos militantes de la tribu que dirige Jesús Ortega, presidente del PRD. Nos referimos, desde luego, a Rafael Acosta Narajo. Todo parece indicar que para esa corriente perredista no es, como se dijo en incontables ocasiones, más que un botín del que no quieren perder ni un solo centavo. Para ellos también, muy buena suerte.

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