La enésima discusión en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) relacionada con los medios de comunicación y los procesos comiciales derivó en que el senador perredista Pablo Gómez acusara directamente al consejero Marco Antonio Gómez Alcántar de actuar como repre- sentante de los intereses de las televisoras, ante lo cual este último le exigió pruebas, al tiempo que le recriminaba su incongruencia por haber aprobado, sin leer, la frustrada ley Televisa.

Este diferendo se dio en el contexto del debate para la aprobación de las pautas del proceso electoral de Guerrero y las dificultades técnicas que tendrían los concesionarios para realizar los bloqueos de las cadenas nacionales, según argumentó Gómez Alcántar, quien cuestionó el incumplimiento del gobierno federal en sus obligaciones legales de no transmitir promocionales en los estados donde habrá comicios.

Según el consejero, en algunas zonas de Guerrero no será posible bloquear, porque los concesionarios no comercializan dichas regiones. Ante este señalamiento, el perredista descalificó el desempeño de Alcántar: No sé cómo se puede ser tan abiertamente defensor de las empresas privadas, acusó.

El consejero le reviró planteando su “extrañeza de que me llame defensor de concesionarios. ¿Cómo podemos llamar al senador Gómez, que aprobó la ley Televisa sin leerla?”

El perredista admitió que en su momento no se valoraron los alcances de la reforma aprobada, pero de inmediato pasó a la ofensiva: Yo no he acusado al Consejo de defender a las televisoras, sino a él, a Gómez Alcántar, de representar a las televisoras. Es representante de la industria de la radio y la televisión.

El consejero cuestionó que el senador se ampara en su fuero para lanzar semejantes descalificaciones, y exigió pruebas de sus dichos. Yo sí le prohíbo que venga aquí a denostar mi nombre.

Nadie –dijo el perredista– puede prohibir hacer críticas al IFE, que es una instancia criticable. Señaló: las pruebas las tenemos todos; basta ver sus discursos en esta mesa, la manera en que vota, sus argumentos, concluyó.

En tono mucho más mesurado que las críticas de su dirigencia nacional, el representante del PAN ante el IFE, Guillermo Bustamante, planteó de nueva cuenta sus dudas en torno a los criterios usados por la Comisión de Quejas y Denuncias. Dijo que para el blanquiazul es importante que haya transparencia en la aplicación de las sanciones.

El presidente de la Comisión de Quejas, Marco Antonio Baños, reivindicó el desempeño del organismo a su cargo en la aprobación de medidas cautelares; reconoció como legítima la preocupación panista sobre el rumbo que han tenido los procesos sancionadores en general y dejó entrever que su revisión es un asunto del Congreso. En su caso –añadió–, el IFE puede aportar la información de cómo se han aplicado dichos procedimientos.

Al término de la reunión, el presidente del instituto, Leonardo Valdés, dijo tener confianza plena en el trabajo de la Comisión de Quejas, cuyo desempeño respaldo plenamente, como el de todas las instancias del IFE. Sobre las descalificaciones del dirigente nacional del PAN, César Nava, consideró que la comisión ha actuado con imparcialidad y recordó que se está inmerso en el cierre de procesos electorales que generan reacciones de todo tipo, incluso, de que el IFE asuma la organización de las elecciones en los estados, como recientemente propuso el propio Nava.

En la larga sesión también se sancionó con 344 mil pesos al PRI y al PVEM, así como con 11 mil 492 a Enrique Doger por la campaña denigratoria en Puebla contra el candidato de la oposición, Rafael Moreno Valle. Igualmente se aprobó la pérdida del registro de 10 agrupaciones políticas nacionales.