e que la perra es brava, hasta a los de la casa muerde, reza el adagio popular. Mientras que el Comité de Energía del Senado en California proponía el 10 de abril de 2003 terminar con el proceso de liberalización del mercado energético y devolverlo al Estado, aquí en México el gobierno del presidente Fox nos vendía la peregrina idea de las supuestas ventajas de un proceso de privatización que en la cuna del capitalismo había demostrado un fracaso rotundo, generándole al estado de California un déficit presupuestal, según cálculos conservadores, de más de 25 mil millones de dólares, que fue el detonador de la caída de Gray Davis como gobernador de ese estado.

De esta manera, los gobiernos de Vicente Fox y Eugenio Elorduy le regalaron a Sempra Energy y a su socia British Petroleum, entre otras, un negocio de 610 millones de dólares anuales. Con el disfraz de la integración económica, la administración federal cedió territorio y activos del país a poderosas compañías extranjeras.

La Secretaría de Energía otorgó en los años 2002 y 2003 permisos de exportación de electricidad en Baja California para instalar seis plantas, con capacidad nominal de 2 mil 600 megavatios, que permitirán venderle anualmente a Estados Unidos aproximadamente 20 teravatios/hora, con lo que se podía tener ganancias mínimas de 290 millones de dólares al año.

La crisis boliviana tendría sus repercusiones en el proyecto energético californiano; principalmente Sempra sufrirá las consecuencias, dado que tenía tiempo construyendo un rentable negocio que le permitiría coyotear el gas boliviano, vendiéndolo a un costo 10 veces mayor al de compra original. La caída del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada obligó a los socios Sempra Energy y British Petroleum, a través de su filial BPMIGAS en Indonesia, a firmar un convenio para el suministro de 3.7 millones anuales de toneladas de gas natural licuado por 20 años para Estados Unidos y México.

Si al menos se hubiese previsto el suministro de gas por parte de Petróleos Mexicanos, esta paraestatal habría tenido la posibilidad de ganar 320 millones de dólares al año, por este proyecto de exportación. Si el gobierno federal dice que la industria eléctrica requiere recursos para invertir, ¿por qué le regala ese negocio multimillonario a los extranjeros? Para nosotros la basura, para ellos las ganancias y la energía.

Con estas jugosas ganancias en juego y con la complicidad de los gobiernos federal y estatal, no escatimaron acción alguna para lograr su propósito, no importándoles atropellar derechos ciudadanos y violentar las leyes mexicanas, amparados en la protección brindadas a dichas trasnacionales por Vicente Fox y Eugenio Elorduy.

Sin embargo, en la embriaguez de su ambición no midieron las consecuencias que provocarían sus burdos atropellos y con un cinismo ramplón, propio de la miserable actitud con que tratan a los pueblos del mundo, se atrevieron a simular una operación de compraventa a una persona de nombre Elodia Gómez Castañón, el 31 de enero de 2006, cuando la misma había fallecido el 10 de octubre de 2004, para adquirir el terreno que la ley le obliga a tener como zona de amortiguamiento. Ahí es donde la puerca torció el rabo y ahora sus actos ilícitos los tienen contra la pared.

En el exhorto Nº 21/2010 del 24 de mayo de 2010, girado por el juez primero de lo penal de Tijuana, Baja California, licenciado Francisco A. Molina Hernández, se ordena la restitución del inmueble a su legítimo propietario, al cual le fue regresado después de que había sido despojado del mismo mediante las complicidades de Sempra y las autoridades estatales. El que dicha empresa no tenga la posesión jurídica sobre el terreno tiene muchas implicaciones; la principal, que quedó al descubierto la farsa montada por Sempra y avalada por el gobierno estatal en turno.

Sempra ha cometido fraude al ocultar a los tenedores de acciones en la bolsa de valores que existía una demanda en su contra; y presentar proyecciones de futuros que sabía no tenían ni podían garantizar jurídicamente. Ha cometido perjurio en contra de la SEC (Securities & Exchange Commission), al no reportar la demanda en su contra y ocultarle que perdieron el litigio en el tribunal colegiado desde marzo de 2009; y posteriormente querer ocultar la verdad al iniciar una denuncia falsa por despojo, que ahora se resuelve y sale a relucir después de más de tres largos años. Y ha cometido fraude en contra de sus acreedores, a quienes mintieron y ocultaron que tenían esta demanda. ¿El honorable Donald E. Felsinger, chairman de Sempra Energy, podrá reconocer ante sus socios gringos que le compró un terreno en Ensenada a una difunta? Entre más poderosos, más cínicos. Donald E. Felsinger no es la excepción: en el fondo, no es más que un pobre diablo.

Sempra Energy engañó a las autoridades federales, como la Semarnat, la SCT, la Comisión Federal de Competencia, a las cuales mintió para cambiar el uso de suelo y obtener las licencias y permisos necesarios, ya que de mala fe se hicieron del terreno por su desesperación por cumplir con el megacontrato con CFE por más de mil 400 millones de dólares por año, por 15 años.

La actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras: que no se observen las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente; que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente; que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo; que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región. En síntesis, que se comprometa el futuro de plantas, animales y seres humanos, gracias a la impunidad con la cual opera esta empresa.

Por todo ello la regasificadora en Ensenada de Sempra Energy debe ser clausurada a la brevedad posible, en cumplimiento de las leyes que rigen en nuestro país.