as principales fuerzas sociales del país se hallan en abierta resistencia contra el gobierno panista cuando se empiezan a producir los esperados fallos del Poder Judicial sobre cuestiones cruciales, ahondándose con ellos una peligrosa brecha entre una clase política decidida al margen de la legalidad a seguir desmantelando la nación y cancelándole derechos a los mexicanos en nombre de los intereses de las trasnacionales, y un pueblo que entiende cada vez más que no puede ya invocar dicha legalidad para defender sus derechos.

1. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) han avergonzado a la nación al tratar de establecer, contra la Constitución y contra la razón, que a) un organismo público como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el derecho de subrogar, es decir de privatizar, sus funciones (15 de junio), y que b) tras el incendio de la estancia infantil ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, como consecuencia de la entrega ilegal de la misma a una parienta política de Felipe Calderón para que lucrara con ella sin atender las condiciones mínimas de seguridad y de calidad, no hay funcionarios culpables.

2. La mayoría de los 49 niños muertos y más de 79 heridos eran de familias de obreros, y ante su clamor inatendido de justicia y el desprecio del panismo, han expresado con claridad lo que es el sentimiento de la nación y su voluntad de seguir luchando, como se puede leer en Nosotros somos los culpables: la tragedia de la guardería ABC (Grijalbo, 2010, 224 pp.)

3. El aspecto más patético de la aberrante decisión no es, sin embargo, el social, sino el político, pues a consecuencia de esta investigación en la que enseñaron el cobre, los propios ministros están demandando se les retire la facultad de investigación que tienen, so pretexto de que la importancia de este rol los compromete ante la opinión nacional, por lo que buscan dejar de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y que la función investigadora pase a otra instancia (como podría ser la CNDH), con lo que la misma se desnaturalizaría y minimizaría, acabándose con el equilibrio de poderes y fortaleciéndose aún más el poder despótico del Ejecutivo, lo que es ridículo.

4. El bochornoso papel de la SCJN en este verano de 2010 está conduciendo de tal manera a agravar la crisis nacional al evidenciar que no hay legalidad alguna en el país, ni medios jurídicos para luchar por ella, por lo que no quedan en lo estrictamente jurídico más que las instancias internacionales. La SCJN está integrada por oscuros y mediocres abogados sometidos al poder de El Yunque y del PAN, señalados continuamente como reaccionarios y corruptos y que lo único que buscan es desmantelar la nación y cancelar los derechos sociales de los mexicanos de manera subrepticia. De ahí que esta gravísima decisión, contraria a la Constitución, se haya anunciado en pleno Mundial de Futbol, buscando minimizarla al anunciar el gobierno de manera propagandística que va a proceder contra militares violadores de derechos humanos, lo que por otra parte nadie le cree.

5. Los gobiernos panistas que ha tenido el país desde 2000 no se distinguen en sus rasgos esenciales de los gobiernos priístas que tuvo México entre 1982 y 2000, porque no son otra cosa que una prolongación del mismo régimen político neoliberal instaurado a partir de 1982 y que ha tenido como objetivo el tornar inexistente a la Constitución mexicana para establecer un modelo autoritario de ejercicio del poder enmascarado en un discurso sobre la democracia que se sustenta en las reglas no escritas del despotismo neoliberal.

6. El ejercicio del poder panista ha sido mucho más despótico y antinacional que el de los priístas, porque ha estado determinado por el fanatismo ultraderechista que subsiste en el país y por el sentimiento revanchista de los grupos de ultraderecha que existen integrados al PAN, de ahí su talante mucho más corrupto y cínico, que determina que para muchos Acción Nacional sea un cadáver, como lo decía el prominente panista Rogelio Sada Zambrano a La Jornada el domingo 13.

7. La lucha social se está dando también en el ámbito internacional, como lo están haciendo ahora mismo los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ante la Organización Internacional del Trabajao (OIT) en Ginebra, Suiza, donde han sido calurosamente acogidos. Tras la fracasada intervención el lunes 14 de Javier Lozano, el enviado de Calderón, cuando fue abucheado al tratar de justificar las violaciones de derechos fundamentales a mineros y electricistas, Martín Esparza (secretario general del SME) presentó ayer con éxito una exposición donde evidenció las innumerables violaciones de Calderón no sólo al marco constitucional y legal interno sino a la normatividad internacional suscrita por México.

8. Los integrantes del gobierno de facto de Felipe Calderón han actuado, sin embargo, con desparpajo ante los señalamientos y acusaciones que se les han hecho por los delitos que han cometido en el ejercicio del poder, porque saben que son impunes: que en el modelo neoliberal no pueden ser sancionados sino cuando traicionan a Washington o a los grandes consorcios trasnacionales. O, en otras palabras, cuando transgreden la normatividad no escrita de la globalización neoliberal.

9. La Constitución y las leyes de la República no pueden ser aplicadas a los funcionarios panistas por los tribunales porque la derecha mexicana controla a la SCJN y a las instancias federales y locales de justicia. En el modelo político neoliberal los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial no son otra cosa que empleados de los poderes fácticos, sometidos no a la legalidad formal de la nación sino a los dictados del poder, que en los asuntos sociales, administrativos o políticos, en donde hay un interés de la mafia en el poder o del Estado neoliberal, fallará siempre contra los intereses de la nación, lo que no le deja al pueblo más que una alternativa: por medio de la movilización social y la resistencia ciudadana tratar de someter a los integrantes de la clase política y a los propios jueces a la legalidad y de imponer el establecimiento de un orden de derecho, de instaurar, en consecuencia, otro régimen político. Algo que parece imposible si no media una movilización sin precedentes.

10. El espejismo de creer en una legalidad inexistente con base en la posible e hipotética honestidad de algún juez no puede ser la base de la movilización de una sociedad que, sin embargo, debe mantenerse en el marco de una resistencia civil pacífica si quiere echar del poder a la mafia corrupta de panistas y priístas que, en nombre de intereses trasnacionales, sigue pisoteando los derechos de los mexicanos y de la nación.