El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, manifestó ayer que luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Ejército Mexicano es el responsable de los homicidios de los niños Bryan y Martín Almanza, y que soldados alteraron la escena del crimen, los militares no deben investigar ni un solo caso más de denuncias de abusos contra civiles.

HRW sostuvo que estas conclusiones de la CNDH revelan hasta qué punto los militares están dispuestos a distorsionar los hechos para protegerse.

Vivanco emitió ayer en Washington una comunicación titulada México: el Ministerio Público debe investigar los asesinatos de los dos menores, y en ese documento sostuvo que las conclusiones de la CNDH contradicen directamente los resultados de las investigaciones militares sobre el incidente registrado el 3 de abril cerca de Matamoros, Tamaulipas, según las cuales las víctimas habían muerto en un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes.

Destacó que el 30 de abril pasado el procurador general de Justicia Militar, José Luis Chávez García, manifestó en conferencia de prensa que, de acuerdo con la investigación militar, los niños habían fallecido por una granada arrojada por los delincuentes durante el enfrentamiento.

Sin embargo, en la indagatoria efectuada por la CNDH, los padres de las víctimas, así como otras personas que viajaban en la camioneta que fue atacada, dijeron que no existió tal enfrentamiento y que los militares abrieron fuego sin que hubiera mediado alguna provocación. Según las autopsias realizadas por un médico forense estatal y peritos de la comisión, los niños murieron a causa de heridas de bala.

HRW subrayó que este caso es el ejemplo más claro de por qué México necesita actuar de inmediato para implementar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado mexicano reformar el fuero militar para que sean los agentes del Ministerio Público civil quienes investiguen.

Reacción en el Senado

Legisladores de PRI y PRD advirtieron que los militares responsables del homicidio de los niños Bryan y Martín Almanza deben ser juzgados por las autoridades competentes y llamaron a que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional que legaliza la participación del Ejército en el combate al crimen, pero se supedita al respeto a los derechos humanos de la población.

El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que es importante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) esté atenta a casos como el de los niños Almanza y que haya podido probar que no murieron por fuego cruzado en un enfrentamiento entre elementos del Ejército y narcotraficantes, sino en fuego en línea, que pudo ser sólo del lado de la autoridad.

El caso lo deben conocer las autoridades específicas y procurar que no haya impunidad de por medio, dijo.

En entrevistas aparte, los perredistas Tomás Torres y René Arce consideraron preocupante que el Ejército Mexicano haya tratado de ocultar la responsabilidad de militares en la muerte de los dos menores, al distorsionar los hechos.

Me parece muy reprobable que se haya asesinado a los niños, independientemente de en qué situación haya sido, pero mucho más reprobable es que se haya querido engañar, como lo señala la CNDH, recalcó Arce. Dijo que se debe aclarar quién fue el que distorsionó los hechos para tratar de quitar responsabilidades a las fuerzas armadas. En realidad, ello le resta prestigio y honorabilidad al Ejército como institución.

Por su parte, el senador Torres recordó que una de las discusiones más fuertes que se dieron durante el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, el pasado mes de abril, fue precisamente en torno a la muerte de civiles durante los operativos militares contra el narco.

Sedena y PGR responderán al ombudsman en 15 días

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) responderán dentro de 15 días a la CNDH si aceptan la recomendación 36/2010, sobre la muerte de los niños Almanza.

En el caso de la PGR, la CNDH advierte una irregular integración de la averiguación previa, no reconocimiento del carácter de ofendidos de dos de las víctimas y que, dentro de las diligencias, el Ministerio Público ha sido omiso en solicitar la práctica de los estudios de alcoholemia al personal militar.