Hermosillo, Son., 17 de junio. Las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la guardería ABC serán tomadas en cuenta en las pesquisas que realiza la contraloría para fincar responsabilidades a funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal, quienes podrían haber incurrido en mal ejercicio de funciones, aseguró hoy el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

De acuerdo con la ley, dijo el mandatario panista, el gobierno estatal está obligado a aceptar la resolución de la Corte, que determinó que sólo funcionarios menores fueran acusados de violar las garantías individuales de las víctimas de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.

Vimos claramente a qué funcionarios no se señala y cuáles sí. Creo que de ahí pueden desprenderse algunos procesos administrativos, pero el tema penal corresponde a la Federación y ella debe darle seguimiento, hablando de la Procuraduría General de la República, mientras el estado de Sonora hará lo conducente y el secretario de la contraloría (Carlos Tapia Astiazarán) ha iniciado algunos procedimientos y vamos a seguir con ellos, expuso.

La contraloría estatal investiga a Wilebaldo Alatriste Candiani y Carlos Jesús Arias, director y ex subdirector de Protección Civil durante el incendio (Arias es asesor de la dependencia); Gilberto Inda Durán y Miguel Eugenio Lohr Martínez, ex secretario de Hacienda estatal y ex director de Recaudación de la dependencia; Eliseo Morales Rodríguez y Francisco Javier Tiscareño Arreola, ex directores de la comisión de bienes y concesiones y del área de bienes de dominio de esa comisión; así como Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de control vehicular de Hacienda durante las administraciones estatales anterior y actual.

Padrés Elías sostuvo que su gobierno será solidario con los padres de las víctimas y prometió apoyar a los familiares de los 49 niños fallecidos y decenas de heridos, así como a quienes decidan acudir a otras instancias para buscar justicia. Dijo que desde que se publicó la resolución de la Corte no ha tenido contacto con familiares de las víctimas.