La Cámara de Diputados empezó un programa de retiro voluntario definitivo para trabajadores con régimen de base, base sindicalizada y operativo de confianza, con el propósito de reducir el número de empleados administrativos e implícitamente privilegiar a quienes fueron contratados directamente por cada uno de los 400 legisladores.

Por medio de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, la Secretaría General de San Lázaro emprendió el programa especial de conclusión de servicios de forma definitiva, conocido como retiro voluntario, combinando una propuesta que resulte atractiva y promueva el interés del personal en las ventajas económicas de dicho programa, estimulando la salida del sector que por sus años de labor se encuentre próximo a retirarse.

El área administrativa refiere que tal medida se toma en un contexto de restructuración, preservando la consecución de los objetivos institucionales y los derechos laborales de los empleados.

Se define como conclusión definitiva de la prestación de servicios de los trabajadores de la Cámara de Diputados al acto voluntario mediante el cual los de base sindicalizada y operativos de confianza que, contando con una antigüedad mínima de tres años de labor en este órgano legislativo, renuncien de manera libre, espontánea e irrevocable al puesto que desempeñan, para adherirse al programa y recibir la gratificación que en él se contempla.

El objetivo de dicho programa es preservar –se dijo a este diario– la planta laboral alterna que se ha consolidado en los últimos meses en San Lázaro, donde cada uno de los diputados ha colocado personal cercano y, en otros casos, producto de compromisos personales o con los grupos políticos a que están afiliados los legisladores.

Para aplicar el programa de renuncia al empleo, la Secretaría General argumenta disminución en el presupuesto de la Cámara de Diputados. Se trata de reducir en 10 por ciento la planta laboral de base y de confianza operativa –como mínimo–, cuyo cálculo en conjunto alcanza mil 200 trabajadores. El plazo para inscribirse es del primero de junio al 15 de julio próximo.

En las denominadas reglas de operación se desglosa que la incorporación será individual y voluntaria, por medio de una solicitud presentada en la Dirección General de Recursos Humanos.

Al personal que se apruebe dicha solicitud se le entregará una gratificación económica, que constará de tres meses de sueldo, donde se incluirán los siguientes rubros: sueldo tabular, quinquenio (en su caso), compensación garantizada, vales de tiendas de autoservicio, ayuda para renta, apoyo a la economía familiar, prestación sindical, apoyo para transporte, despensa, compensación en desarrollo y capacitación, bono de productividad y aguinaldo.

También se les liquidaría con 20 días de sueldo por cada año de servicio cumplido, como marca la ley, y 12 días por cada año de labor prestado, el cual no podrá exceder del doble del salario mínimo vigente; los conceptos de aguinaldo y prima vacacional se ajustarán de acuerdo con la fecha de baja de los trabajadores.

Asimismo, se aplicará el impuesto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el descuento a que haya lugar por pensiones alimentarias, préstamos o cualquier otro adeudo.