Representantes de ejidatarios y campesinos se manifestaron ayer frente a Palacio Nacional para demandar la intervención del presidente Felipe Calderón, con el fin de que habitantes de 37 poblados sean indemnizados por la expropiación de sus tierras hace 35 años en Oaxaca y que les sean restituidas las propiedades a cientos de colonos que fueron desalojados, de forma violenta, en Chiapas y Oaxaca.

Los integrantes de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria Obrero Popular exigieron también una auditoría a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) por presunta malversación de fondos destinados al pago de indemnizaciones por expropiaciones.

“Hace 35 años diversas dependencias federales crearon un fideicomiso por mil 61 millones de pesos para el pago de indemnizaciones, “pero el Fifonafe y la SRA han reportado la existencia de sólo 7 millones, que han dividido en 323 cheques que van desde 20 pesos hasta un máximo de 30 mil.

Presumimos una malversación que hemos venido a denunciar ante la Presidencia porque ni la secretaría ni el Fifonafe asumen su responsabilidad ni emprenden una investigación para determinar dónde está el dinero depositado en una cuenta bancaria y sus intereses, afirmó el dirigente, Ismael Morales Silvestre.

David Vega Guerrero denunció que desde hace 16 años la SRA se ha negado a resolver el despojo que sufrieron 145 familias de 20 mil hectáreas de San Isidro la Gringa, Cintalapa, Chiapas, quienes a pesar de tener los títulos de propiedad fueron desalojadas por autoridades federales y estatales, y no han recibido indemnización alguna.

Colonos agrícolas del poblado Cuauhtémoc, Matías Romero, Oaxaca, reclamaron la indemnización comprometida de un millón 500 mil pesos por cada uno de sus lotes de 50 hectáreas.

Aprovechándose de nuestra ignorancia, con engaños trabajadores de la SRA obligaron a algunos a recibir sólo 300 mil pesos como pago total y funcionarios de la secretaría se hicieron pasar por propietarios para cobrar más de un millón de pesos. Queremos una investigación y que se castigue a los que cometieron delito, denunciaron.